Efial impulsó «ayuntamientos paralelos» para lucrarse burlando las normas La red logró infiltrarse supuestamente también en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Ardoz, Chinchón, Miraflores de la Sierra, Collado Villalba, Velilla de San Antonio y Getafe

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Varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid investigados  por contratos fraudulentos a empresa de consultoría que operaba en toda España.

Las consultoras Efial y CGI se «infiltraron» en más una veintena de consistorios de España, entre ellos varios madrileños, donde crearon una especie de «ayuntamientos paralelos» para supuestamente lucrarse desviando fondos «burlando» las normas en la adjudicación de concursos y alterando precios de servicios municipales.

 

Así se desprende del sumario del caso, en el que el titular del Juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) sigue el rastro a esta red en una pieza paralela a su investigación sobre el supuesto cobro de comisiones del 3 % por parte de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.

En dicho informe del sumario, que hoy ha avanzado El País, la Fiscalía Anticorrupción compara la integración de Efial en los consistorios con la creación de un «ayuntamiento paralelo», para evitar el control administrativo y «burlar» las normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas.

El juez, que en julio pasado ordenó la detención de doce personas y una cincuentena de registros en diez provincias españolas contra esta supuesta trama de corrupción municipal, sostiene que, una vez Efial fue absorbida por CGI, la trama se extendió por toda España: «No nos encontramos ante conductas aisladas, sino presuntamente cometidas de manera extensa y generalizada».

La investigación a Efial, que comenzó en Torredembarra (Tarragona), saltó a los consistorios tarraconenses de Vandellòs, Ascó y L’Ametlla de Mar, y posteriormente la red se extendió supuestamente a los consistorios catalanes de Llinars del Vallès (Barcelona), Masquefa (Barcelona), Cambrils (Tarragona), Calonge (Girona) y Tortosa (Tarragona).

La red también logró supuestamente infiltrarse en los consistorios de Torrejón de Ardoz (Madrid), Chinchón (Madrid), Miraflores de la Sierra (Madrid), Trillo (Guadalajara), Collado Villalba (Madrid), Velilla de San Antonio (Madrid), Palos de la Frontera (Huelva), Armilla (Granada), Benicassim (Castellón), Alaior (Menorca), Soller (Mallorca) y Getafe (Madrid)


El magistrado investiga en la causa a una decena de personas, entre ellas un empresario imputado en el caso del 3 %, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, alteración de precios en subastas y concursos públicos, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Para Anticorrupción, la emisión de informes por parte de los profesionales de Efial «suele tener como objeto contradecir los previamente emitidos por parte de los órganos fiscalizadores».

«De esta manera, se otorga una aparente cobertura de legalidad a determinadas decisiones y resoluciones» que son contrarias a derecho, con lo que, según Anticorrupción, la trama logra «blindar» su actividad ilícita mediante los informes de sus profesionales.

Para la Fiscalía, esta actuación ilegal «sería difícilmente detectable si no fuera por la detección de estos profesionales en reuniones clandestinas con el resto de actores concertados para manipular un procedimiento de licitación o concurso público».

Una vez Efial y CGI logran introducirse en un consistorio -en Cataluña la mayoría de ellos gobernados por CDC-, constituyen una Entidad Pública Empresarial (EPE), «que permite una importante relajación del control administrativo, así como un menor grado de sometimiento a la normativa sobre contratación pública».

Según Anticorrupción, la investigación ha puesto de manifiesto, a partir de intervenciones telefónicas y de informes de la Guardia Civil, la existencia de una «verdadera organización criminal» dedicada a «una actividad sumamente compleja y organizada, permanente en el tiempo, jerarquizada, desarrollada en el seno de diversas administraciones locales e integrada en la propia estructura de gobierno de las mismas».

Para Anticorrupción, pese a que los consistorios contaban con personal capacitado, Efial y CGI lograron introducirse, sin contrato alguno que ampare su vinculación, con el objetivo de malversar dinero público que recibían supuestos pagos de empresas a las que beneficiaban con su actuación ilícita, según los fiscales.

En el marco de la investigación, el juez ha comprobado, gracias a comisiones rogatorias remitidas a Andorra, que alguno de los investigadas, como el exalcalde de L’Ametlla de Mar Andreu Martí, ocultaba 2,3 millones en este país, que ya han sido bloqueados.

 

Según Anticorrupción, la red también estaría llevando a cabo «una labor de asesoramiento en la redacción de un pliego concursal de explotación publicitaria» en Barcelona, por valor de 13 millones de euros.

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