Juez reitera que la Intervención General analice el concurso de Aznalcóllar

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La reapertura de la mina de Aznalcóllar, protagonista en 1998 de un desastre ecológico causado por la rotura de una balsa de residuos tóxicos de la explotación sevillana que amenazó al parque de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad.
La mina de Aznalcóllar, protagonista en 1998 de un desastre ecológico que amenazó al parque de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, fuente de conflictos desde entonces.

EFE.- La juez que investiga la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha reiterado su petición a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que analice el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación minera.

En un auto con fecha 11 de mayo, al que ha tenido hoy acceso Efe, la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, accede a esta petición, presentada por una de las acusaciones particulares, después de que en marzo pasado el organismo estatal rechazara hacer ese análisis porque desbordaba sus funciones y competencias.

En este caso, la juez investiga el concurso público resuelto por la Junta de Andalucía el 25 de febrero de 2015 en favor de la entidad Minorbis-Grupo México, lo que denunció la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources.

En el nuevo auto, la juez insiste en su solicitud de auxilio judicial a la IGAE para que analice «todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas».

En concreto, pide un análisis de la documentación administrativa y económico-financiera del procedimiento seguido por la Junta para adjudicar las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en Aználcollar.

También solicita que analice la «adecuación de los actos producidos en dicho procedimiento a los principios establecidos en la ley de contratos del sector público».

Además, la juez solicita a la IGAE que se pronuncie sobre si se cumplieron «las obligaciones de control interno y auditoría de la actividad económico administrativa del sector público» por parte de la Mesa del Concurso, en la participaba el interventor delegado de la Junta de Andalucía, y la Comisión Técnica de dicha mesa.

La juez pretende conocer si hubo «validez y cumplimiento» de los requisitos de la solicitud para participar en el concurso de Minorbis-Grupo México y, específicamente, de los documentos de compromiso aportados sucesivamente.

La instructora insta a la IAGE que se pronuncie por si existió una «adecuada acreditación de la solvencia económico financiera de la empresa participante en dicho concurso, Minorbis Grupo México, y adecuada valoración de los apartados correspondientes a la viabilidad económica financiera de su proyecto».

En su nueva petición a la Intervención, la juez quiere que aborden la resolución de 13 de enero de 2014 de la dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de la mina.

La juez explica que hace esta nueva petición a la IGAE dentro de las atribuciones para «el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos relativos a delitos relacionados con las funciones y competencias del ordenamiento jurídico le atribuya».

En su resolución, la juez también señala que la Junta concede «plena validez» a la aceptación de la adjudicación por parte de Minera Los Frailes, y precisa que la directora que suscribe ese informe no es competente para «determinar qué cuestiones son ajenas o no, y guardan o no relación, con el procedimiento penal que nos ocupa».

En el mismo auto, la juez rechaza imputar a más personas en la causa y tampoco a la actual directora general de Industria, Energía y Minas, como pide la acusación particular.

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