Fiscalía cree que montepío minero simuló requisitos para obtener subvenciones Anticorrupción indica que "se falsearon y ocultaron datos esenciales" para hacerse con la subvención del geriátrico, con supuestas mordidas por parte el ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo

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Residencia de  mayores de Felochosa,  objeto de investigación por Anticorrupción, en el marco de la Operación Hulla

EFE.- La Fiscalía Anticorrupción considera que el Montepío de la Minería simuló contar con los requisitos necesarios para obtener la subvención pública de 31 millones de euros con la que construyó la residencia de mayores de Felechosa, objeto de investigación en el marco de la Operación Hulla.

 

En la querella remitida al Juzgado, Anticorrupción aprecia indicios de que «se falsearon y ocultaron datos esenciales» para hacerse con la subvención del geriátrico, donde se centran las sospechas del cobro de mordidas por parte de los investigados, entre ellos el ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo.

Anticorrupción llama la atención sobre el hecho de que el Montepío eligió y contrató a la constructora antes de la aprobación de la subvención y que las obras comenzaron en mayo de 2009 cuando el Ayuntamiento de Aller no concedió la licencia hasta septiembre de 2010.

Además, apunta, el Gobierno central tuvo primero que modificar la normativa, mediante real decreto de julio de 2009 para que una entidad privada pudiera recibir las subvenciones de los fondos mineros, «a pesar de las recomendaciones en contra del Abogado del Estado y de la Secretaria Técnica del Ministerio de Industria».

El Consejo de Ministros no autorizó hasta el 30 de octubre de 2009 la firma del convenio, que finalmente fue suscrito el 22 de diciembre de 2009 sin que el Montepío contara con todas las autorizaciones necesarias, puesto que la licencia de obras fue emitida por el Ayuntamiento nueve meses después.

Anticorrupción incide en que el Montepío, mediante un «procedimiento de licitación ficticio», adjudicó la obra a la empresa Alcedo de los Caballeros, pese a que contaba con «una solvencia muy inferior al de otras promotoras competidoras».

La empresa, tras ser seleccionada, y presuntamente siguiendo los dictados del plan establecido, incrementó el precio de su «supuesta oferta» hasta coincidir «al euro» con el importe de la subvención.

La Fiscalía considera que el presupuesto económico de la constructora estuvo «sobredimensionado» con el objetivo de obtener la subvención íntegra y «generar cantidades dinerarias para sufragar el pago de las presuntas comisiones ilícitas».

A este respecto, añade que la obra fue adjudicada a esta empresa «a sabiendas de que no contaba con la solvencia técnica necesaria para acometer la ejecución del proyecto», por lo que fue necesario recurrir a subcontratas para determinados trabajos.

Esta circunstancia permitió a los investigados, según la investigación, «fijar unilateralmente los presupuestos de cada partida para ajustarlos a sus intereses, adaptándolos al montante exacto de la subvención».

El informe expone que las declaraciones testificales tomadas durante la investigación apuntan a que el entonces presidente del Montepío solicitaba comisiones a las subcontratas a cambio de ser beneficiadas en la obra, y que presuntamente eran abonadas en un bar de Pola de Lena propiedad del dueño de Alcedo de los Caballeros.

El análisis de las ventas declaradas por los proveedores de la constructora y de sus cuentas bancarias acreditan retiradas de efectivo por importe de 2,8 millones de euros entre 2009 y 2012, años que coinciden con la ejecución de las obras de la residencia.

 

Anticorrupción inició esta investigación después de que el histórico líder sindical y dirigente socialista y el entonces presidente del Montepío se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.


El pasado 30 de mayo fueron detenidos en el marco de la Operación Hulla el expresidente del Montepío; el dueño de la constructora, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor fiscal de la mutualidad, Jose Manuel Fernández, que, tras prestar declaración, quedaron en libertad provisional sin fianza.

Entre los investigados se encuentran también el que fuera líder del SOMA-UGT durante 35 años,Fernández Villa,  que trató de justificar el origen del dinero por la herencia de su madre, algo rebatido por la Fiscalía al apuntar que por dicho concepto recibió poco menos de 29.000 euros.

Fernández Villa está inmerso en otra causa, en la que ya se ha decretado apertura de juicio oral, por la presunta apropiación indebida de 434.158 euros de fondos del sindicato.

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