Acusada de incendiar residencia sabía lo que hacía pero no las consecuencias

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EFE.- La acusada de incendiar en julio de 2015 la residencia de mayores Santa Fe de Zaragoza, donde murieron 9 ancianos, distinguía entre el bien y el mal y sabía lo que hacía, si bien su capacidad mental, con un coeficiente intelectual límite, podía llevar a una merma «parcial» en la percepción de las consecuencias.

Así lo ha asegurado el forense del Instituto de Medicina legal de Aragón Salvador Baena durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra María del Carmen Alejandre, residente en este centro, que presuntamente incendió el 11 de julio de 2015 porque no quería estar allí porque estaba situado fuera del área urbana, no podía salir y a sus 62 años convivía con personas de más edad, muchos de ellos dependientes, y «los abuelos no le gustaban».

El hecho de que no le gustara la residencia y el anuncio de su hijo y nuera de que no iban a invitarle a su boda fueron los elementos «desestabilizadores» en la conducta de la acusada, que presenta una «marcada frialdad» y falta de empatía, pero que no sufría demencia sino «una merma leve y parcial de la imputabilidad», es decir, de la capacidad de entender y querer la conducta que uno realiza, ha explicado Baena.

Ha añadido que pese al coeficiente intelectual límite (69-70) de la acusada, había podido desarrollar una vida laboral familiar y social «normal», como ella misma había reconocido, y ha destacado como hecho que la «debilitó» el accidente cardiovascular sufrido por su esposo, al que tuvo que cuidar y que le llevó a consumir tranquilizantes y alcohol antes de clavarle un puñal en 2013, por lo que ingresó en prisión.

El forense ha añadido que se le incapacitó después, «pero se le diagnosticó erróneamente porque no tenía demencia», lo que también han negado los psiquiatras del hospital Clínico que también han testificado hoy y que la trataron después del incendio.

Éstos han destacado que «no reunía las condiciones para estar incapacitada» ni tenía los síntomas propios de demencia, pero sí «escasa empatía» y que sabía lo que «quería y no hacer».

Por su parte, el psiquiatra propuesto por la defensa, Fernando Sopesens, ha resaltado que el desarrollo vital de la acusada fue «tutorizado» desde pequeña y que cuando la revisó en octubre y noviembre de 2015 la única patología que presentaba era el límite intelectual, con retraso mental leve, el narcisismo y la falta de empatía, y que no había demencia, aunque ha insistido en que tenía una afectación «moderada» de su capacidad.

En la sesión de hoy también han testificado los agentes del departamento de criminalística de la Guardia Civil de Barcelona que elaboraron el informe técnico para determinar el origen del fuego, quienes han asegurado que el incendio fue «intencionado», comenzó en el interior de la habitación número 2 de la primera planta, en la parte superior de la cama y debido a una «llama abierta».

Han negado que pudiera deberse a una causa fortuita, a una colilla o a algún fallo en los aparatos o en la energía eléctrica.

Con respecto a los fallecidos -ocho la noche del incendio en la residencia y un noveno hospitalizado días después- la forense del IMLA Dolores Ramón ha apuntado que en todos los casos fueron «muertes violentas», que estaban vivos cuando se inició el fuego y que todos fallecieron por asfixia por inhalación de humo y monóxido de carbono, pero no presentaban efectos lesivos por llama, mientras que no existieron ni lesiones ni intoxicación en la acusada.

El juicio continuará mañana con la lectura de las conclusiones.

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