Fiscal pide prisión para el fundador de Zed y libertad para otros 7 detenidos En la querella contra 19 personas figura como investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien supuestamente medió en los ministerios de Industria y Economía para que se concedieran esas subvenciones

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Javier Pérez Dolset,
Javier Pérez Dolset, fundador de Zed

EFE.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión sin fianza para el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, detenido ayer junto a otras siete personas para las cuales ha solicitado su puesta en libertad pero con la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

 

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los ocho detenidos en esta operación centrada en el fraude de subvenciones de la tecnológica Zed Worldwide se han acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Sin embargo, cuando los fiscales del caso han pedido el ingreso en prisión de Dolset, el empresario se ha defendido afirmando que él está arruinado y sólo tiene 110.000 euros en una cuenta corriente, que invirtió su dinero en Zed y que no es cierto que, como afirma Anticorrupción, él tenga dinero en Panamá (110 millones, según la Fiscalía).

Los detenidos que han pasado hoy ante el juez, que ahora tiene que decidir sobre la petición de la Fiscalía, son Javier Pérez Dolset, su hermano Ignacio; Teófilo Redondo Pastor; José Manuel Sanchís Antolín; David Aitor Marrón Collados; Daniel Arteaga García; Juan Carlos Gonzálvez Cabañas y José Antonio Puértolas Montañés.

La Fiscalía Anticorrupción lleva más de un año investigando este entramado a raíz de una querella del propio Dolset contra sus socios rusos, que acabó destapando un desvío de fondos por parte del empresario y un fraude en ayudas concedidas por el Gobierno.

Según las mismas fuentes, durante la investigación en la Fiscalía, que ha derivado en una querella presentada ante la Audiencia Nacional, se tomó declaración a numerosos trabajadores de Zed y algunos de ellos reconocieron que les contrataron para no hacer nada en proyectos relacionados con las subvenciones.

De esta manera, Zed vestía las subvenciones con contratos ficticios en los que supuestamente empleaba a un número de trabajadores ficticios o que en realidad no hacían labor alguna.

En la querella contra 19 personas figura como investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien supuestamente medió en los ministerios de Industria y Economía para que se concedieran esas subvenciones.

La Fiscalía cifra en más de 100 millones de euros el perjuicio patrimonial que pudo generar el fraude de subvenciones del grupo tecnológico.

Según la Fiscalía, estas personas generaron un perjuicio «millonario» que se proyectaría «directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones».

Y apunta a que en el caso de los organismos públicos, existe una «deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (no sujetas a devolución)».

La querella también se dirige contra los socios rusos de Dolset Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov; Vladimir Naumovich Turovetskyi, persona de confianza de Engibaryan; y el holandés Peter Nicholaas Wakkie, administrador de Zed+, la sociedad matriz que integró Zed Worldwide y el grupo ruso Tema.

Considera Anticorrupción que es un fraude «de gran complejidad» dado que muchas de las acciones que llevaron al grupo a situación de insolvencia se ejecutaron en el extranjero y además «existen indicios de que algunos de los autores de los hechos ocultaron capitales en sociedades opacas ubicadas en territorios como Panamá», considerado un paraíso fiscal.

El papel de Casals dentro de la trama fue, según recoge la Fiscalía citando a Dolset, usar su «influencia política» para conseguir las subvenciones.

«Según el denunciante -dice el escrito-, se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años, por parte de Mauricio Casals, el utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos».

Por estas «labores de asesoramiento y relaciones institucionales» para la obtención de ayudas públicas, el Grupo Zed pagó a la sociedad Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, 2.125.000 euros entre los años 2009 y 2013, camuflados, sospecha la Fiscalía, en contratos de publicidad.

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