Polonia tensa la cuerda con la UE, que podría estrenar su «bomba atómica» La reforma del sistema judicial llevadas a cabo por el gobierno conservador polaco son vistas por la UE como un "claro riesgo de seria ruptura" de los valores europeos

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Sede de la Comisión Europea (CE)
Comisión Europea (CE)

EFE.- Las últimas reformas legislativas del sistema judicial de Polonia, criticadas por su rupturismo con el Estado de derecho, han dado pie a que la Unión Europea (UE) ponga sobre la mesa la posibilidad de estrenar su «bomba atómica» y retirar al país su derecho a voto en el Consejo.

 

No obstante, llegar al extremo de la «suspensión de ciertos derechos», según reza el artículo 7 del Tratado de la UE, es una situación «poco probable», explicó la directora en Bruselas del instituto Bertelsmann Stiftung, Stefani Weiss.

 

A propuesta de la Comisión, el Consejo puede determinar la existencia de un «claro riesgo de seria ruptura» de los valores europeos por parte de un Estado miembro a través de una mayoría cualificada, pero aprobar las sanciones requiere de la unanimidad de todos los países comunitarios.

 

«Puede ser que se active, porque para eso se necesita solo una mayoría cualificada y creo que muchos otros Estados miembros sienten que tienen que hacer algo», sostuvo Weiss, que agregó que la dificultad sería alcanzar un consenso absoluto sobre las sanciones.

 

«Hungría ya ha dicho que no se uniría y muchos otros Estados miembros serían cautos al respecto», recordó la experta.

 

En su papel de guardiana de los tratados, la Comisión Europea (CE) abrió el pasado miércoles la puerta a utilizar el artículo 7 del Tratado de Lisboa en respuesta a las reformas del sistema judicial polaco, criticadas por suponer un peligro para la independencia de la magistratura y para la separación de poderes.

 

El año y medio de pulso entre la Unión y el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia comenzó en enero de 2016, cuando Bruselas estrenó por primera vez un nuevo instrumento complementario y previo a la activación del artículo 7 para vigilar el respeto a las libertades fundamentales.

Bruselas ya ha emitido dos recomendaciones y prepara la tercera para el próximo miércoles, que previsiblemente acompañará con un procedimiento de infracción por violación de la normativa comunitaria una vez haya revisado en profundidad los nuevos textos legales polacos.

Weiss alertó, no obstante, de que la fase del diálogo «ha quedado atrás».

 

«El último año y medio se ha centrado en un diálogo que, lamentablemente, no ha generado ningún resultado. Por eso ahora estamos viendo esta discusión sobre la ‘bomba atómica», señaló, en referencia al nombre que la excomisaria de Justicia Viviane Reding otorgó al artículo 7 del Tratado de Lisboa.

 

Este pulso entre Varsovia y Bruselas no preocupa únicamente al órgano ejecutivo de la Unión.

 

El presidente del Consejo Europeo, el también polaco Donald Tusk, pidió el jueves «evitar consecuencias que puedan llevar a la marginalización de Polonia en Europa», y advirtió de que este proceso requiere «voluntad para hablar» además de «concesiones y respeto mutuo».

«(Estas reformas) nos transportan, en sentido político, atrás en el tiempo y hacia el este geográficamente», alertó Tusk.

 

Teniendo en cuenta que las sanciones previstas en el artículo 7 no pueden aprobarse sin el beneplácito de Hungría, que no está por la labor de alinearse con la UE contra otro gobierno conservador, la UE no tiene muchas más opciones legales para persuadir a Polonia de que retorne a la senda del Estado de derecho.

Senado polaco aprueba polémica reforma judicial enfrentado a la calle y la UE

El Senado polaco aprobó hoy la polémica reforma del Tribunal Supremo impulsada por el Gobierno nacionalista de Ley y Justicia (PiS), una medida que ya fue aprobada anteayer por el Parlamento y que durante los últimos días ha generado protestas en toda Polonia y el rechazo de las instituciones europeas.

Tras más de 16 horas de debate y cerca de 300 enmiendas rechazadas, 55 senadores votaron a favor, frente a 23 votos en contra y 2 abstenciones.

Ley y Justicia ha podido aprobar cómodamente el polémico proyecto de ley gracias a su amplía mayoría en las dos cámaras.

Durante la votación, miles de ciudadanos se manifestaban frente al Senado y a la sede del Tribunal Supremo (TS) en Varsovia, al igual que en otras ciudades del país, para pedir al presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado a PiS, que se niegue a ratificar el proyecto de ley e impida su entrada en vigor.

De materializarse, la reforma supondrá el fin del mandato de los actuales jueces del Supremo, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por los nombrados por el Gobierno, algo que la oposición considera inconstitucional y una ruptura del principio de separación de poderes y la independencia de la magistratura.

A la norma votada hoy se suman otras dos aprobadas el pasado 12 de julio dentro de la ambiciosa reforma del sistema judicial impulsada por el Ejecutivo, que dan más poder al ministerio de Justicia en la elección de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces y de los tribunales regionales y de apelación.

«El Gobierno de Ley y Justicia encamina el país a un sistema autoritario como el que existía durante la Polonia comunista», lamentó el portavoz en el Senado del principal partido de la oposición, Plataforma Ciudadana, Bogdan Klich.

El TS tiene un papel muy importante en Polonia, ya que se encarga de supervisar el trabajo de los tribunales inferiores, confirma la validez de las elecciones parlamentarias y presidenciales y emite dictámenes sobre proyectos legislativos.

Su relevancia es aún mayor si se tiene en cuenta la reforma del Tribunal Constitucional que entró en vigor el año pasado y que, según sus detractores, ha debilitado deliberadamente la institución y su capacidad para revisar la constitucionalidad de las leyes.

La oposición denuncia que desde la victoria de Ley y Justicia en 2015 el Gobierno de Polonia ha comenzado a «desmantelar el Estado de derecho a través de diferentes etapas, incluyendo la liquidación de la administración pública independiente o de la independencia de los medios de comunicación públicos».

Para la mayor parte de la oposición, la reforma del Tribunal Supremo «es el paso final».

En esta lucha Ley y Justicia sabe que tiene a su favor, además de su mayoría en las dos cámaras, la tradicional poca confianza de los polacos en las instituciones públicas, incluidos los tribunales.

En un sondeo elaborado en 2016, el 60% de los entrevistados coincidían en que los tribunales velan principalmente por sus propios intereses, mientras que el 57% consideraban que los jueces son corruptos. Laura Zornoza, EFE

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