Gobierno culmina control del Govern convencido de la lealtad de funcionarios

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Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern
Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern

(EFE).- El Gobierno culmina mañana la asunción del control del Govern catalán en el primer día laborable después de la aplicación del artículo 155 y de la destitución de Carles Puigdemont y de sus consellers con el convencimiento de que los funcionarios autonómicos serán leales y de que estarán «al lado de la ley».

 

Bajo la coordinación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo tendrá ocasión de comprobar si encuentra obstáculos a esta intervención, autorizada el viernes pasado por el Senado y que ha supuesto el cese de unos 150 cargos, ya sea directamente o de forma indirecta, como asesores.

 

De hecho, Sáenz de Santamaría ha pasado el fin de semana analizando la coordinación del Ejecutivo para Cataluña, hablando para ello con diversos colaboradores y en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

 

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que ha acudido a la manifestación de hoy en Barcelona a favor de la unidad de España, se ha mostrado «convencida» de que los funcionarios de la Generalitat estarán «al lado de la ley»

 

«Confiamos en los funcionarios de la Generalitat. Siempre han demostrado que están al lado de la ley y estamos convencidos que todos los funcionarios de la Generalitat continuarán estando al lado de la ley para preservar el autogobierno, la autonomía y los servicios públicos en Cataluña», ha asegurado.

 

Un mensaje que llega después de que algunos cargos como Josep Rull, que era conseller de Territorio, anunciaran que mañana acudirán a sus despachos como «ministros» de la nueva «república catalana».

 

Se desconoce qué hará el cesado vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que en un extenso artículo en el diario El PuntAvui no descarta elecciones y asegura que en los próximos días tendrán que tomar decisiones que «no siempre serán fáciles de entender».

 

Junqueras subraya que Puigdemont «seguirá siendo» el presidente de la Generalitat y Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, y aboga «una estrategia compartida» para asentar «gradualmente un nuevo marco de libertades».

 

«No tenemos ninguna otra opción que seguir hacia adelante, que acumular fuerzas (…), de saber encajar los golpes para volvernos a levantar, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales que deben ser claves en el asentamiento de esta república», añade.

 

Tras su declaración de ayer desde Girona, en la que llamó a los catalanes a mostrar su «oposición democrática» a la aplicación del 155, Puigdemont ha guardado silencio en las últimas horas y se ha limitado a colgar una fotografía en Instagram de un grupo de «castellers» con la frase «La fuerza del pueblo» y la etiqueta «#CatalanRepublic».

 

El secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, le ha dicho que tiene la opción de solicitar «asilo político» en Bélgica si corre el riesgo de ser encarcelado, unas palabras de las que se ha desmarcado el primer ministro de Bélgica, Charles Michel.

 

Y es que la Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar mañana la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.

 

La Fiscalía llevaba semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- contra Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, una vez que la medida ha sido aprobada por el Parlament, estudia ampliar esa acción penal a «todos» los que han permitido la comisión del presunto delito.

 

De ese modo, la querella incluiría, al menos, a los integrantes ahora cesados de su Govern y a los miembros de la Mesa que han permitido la tramitación en el Parlament de la moción por la que se declaró la independencia, según fuentes de la Fiscalía.

 

Los Mossos d’Esquadra han recibido una orden interna para retirar de sus comisarías las fotografías oficiales de Puigdemont y en su caso de cualquier miembro de su Govern, siguiendo el procedimiento habitual cuando hay cambios en el ejecutivo.

 

Mientras tanto, 1,3 millones de personas, según Sociedad Civil Catalana, se han manifestado en Barcelona a favor de la unidad de España bajo el lema «Todos somos Cataluña», una protesta a la que han acudido los máximos responsables políticos del PPC, Ciudadanos y el PSC.

 

Tanto Ciudadanos como el PSC y el PP están ya en modo precampaña electoral. De los partidos secesionistas, ni ERC ni el PDeCAT han aclarado si se presentarán, mientras que la CUP no descarta concurrir, aunque la decisión final la tomará su militancia.

 

La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, por su parte, ha rechazado formar parte de un bloque común soberanista, frente al líder de Podem, Albano Dante Fachin, que aboga por una «estrategia compartida» de las fuerzas que rechazan el 155.

 

A esta última propuesta ha contestado en Twitter en las últimas horas el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, que ha apostado por un «frente amplio constituyente frente al 21-12 autonómico golpista de PPSOEC’s».

 

Hoy se ha conocido que el que hasta ayer era compañero de celda en la cárcel de Soto del Real del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, pidió ser trasladado porque no aguantaba «su matraca con el tema del independentismo», que le suponía «una doble condena», motivo por el que la prisión le ha concedido el cambio, según han confirmado a Efe fuentes penitenciarias.

 

También ha trascendido que el Govern de Carles Puigdemont contrató a multinacionales de reconocido prestigio para diseñar la organización del sistema fiscal de una hipotética Cataluña independiente, en lo que invirtió «importantes recursos».

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