El juez cita a cargos de la Comunidad de Madrid de cuando se compró Inassa Un informe del despacho Garrigues y Andersen desaconsejó la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad en Panamá

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Manuel García Castellón, juez instructor del caso Lezo.
Manuel García Castellón, juez instructor del caso Lezo.

viamadridtv.es (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como testigos a varias personas que ocupaban cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid en el momento en el que se autorizó la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

 

En concreto, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, cita a María Pascual Medrano, que en el momento de los hechos trabajaba en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente; a Antonio Luis Carrasco, que era letrado jefe del Servicio jurídico de la Consejería de Hacienda; a Luis Molinero, que era jefe del Servicio de Actuación Jurídica y Gestión de Patrimonio, y a María Antonia Aguado Riaza, ex directora general de Patrimonio.

El magistrado les cita a todos para el 2 de febrero a las 15.00 horas de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y una vez examinada la documentación entregada por el Canal de Isabel II y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

 

García Castellón investiga, dentro del caso Lezo, presuntas irregularidades en la compra de esa sociedad, que se convirtió en filial colombiana del Canal, y que se podría haber realizado con un sobrecoste de más de 70 millones de euros.

 

Dentro de sus pesquisas, el juez está tomando declaración -en su caso como investigados (imputados)- a quienes eran responsables del Canal en ese momento, cuando presidía la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

En ese contexto, el juez ha tomado declaración recientemente, entre otros, a Juan Bravo, actual presidente de ADIF y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, o al que fuera consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal, Pedro Calvo.

La próxima semana está prevista la declaración ante el juez de Arturo Canalda, que como los anteriores era consejero del Canal en el momento de los hechos y recientemente ha dimitido como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid a partir de su imputación.

El juez ha adelantado la citación de Canalda del martes 23 al lunes 22 a petición de su abogada.

Un informe desaconsejó la compra de Inassa a través de una sociedad panameña

 

El informe, al que ha tenido acceso Efe, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Asamblea relacionada con el caso Lezo solicitada por los grupos de la oposición.

El Ejecutivo regional comenzó el pasado día 15 a enviar al Parlamento madrileño esta documentación tras conocer que el juez que instruye el caso Lezo entiende que la entrega de ésta no afecta al carácter reservado que tiene la causa en este momento procesal.

El Gobierno de Cristina Cifuentes recibió el pasado mes de agosto una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.

Sin embargo, el Ejecutivo no los entregó entonces, ya que el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que ha sido cesado, no vio el correo electrónico con la provincia por «un error grave».

Uno de los documentos remitido a la Asamblea de Madrid es un informe de Garrigues y Andersen, fechado el 7 de noviembre de 2001.

En dicho informe, se analizan las tres posibilidades para la compra de Inassa, entre ellas, el Canal de Isabel II adquiera el directamente la empresa colombiana y que, según este análisis, era «la mejor alternativa desde el punto de vista fiscal».

Sin embargo, finalmente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de noviembre de 2001 autorizó la adquisición de Inassa a través de la Sociedad Aguada de América, una empresa radicada en Panamá.

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado declarar como investigados a miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que el 14 de noviembre de 2001 apoyaron realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares, lo que, en opinión del magistrado, acabó generando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.

Según un auto juez, la operación se llevó a cabo a través de una «compleja estructura societaria» y contravino «de plano» los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.

Además, cree el magistrado que existen «claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar».

 

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