Investigado en Lezo dice que ni él ni Tecnoconcret deberían estar implicados

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Campo de golf del Canal Isabel II, actualmente en proceso de demolición.
Campo de golf del Canal Isabel II, actualmente en proceso de demolición.

viamadridtv.es-  (EFE).- El exempleado de Tecnoconcret Fernando Manuel Serrano, investigado en el caso Lezo, ha dicho que ni él ni esta empresa, a la que se adjudicó la explotación del campo de golf del Canal de Isabel II, deberían estar implicados, ya que no había “ningún problema administrativo, legal, jurídico ni contable”.

 

Así lo ha señalado en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde ha rehusado responder a la mayoría de las preguntas de los diputados para no perjudicarse por su condición de investigado.

Serrano, que trabajó como contable en Tecnoconcret, una empresa vinculada al hermano y al cuñado del expresidente madrileño Ignacio González, ha hecho una intervención inicial en la que ha señalado que se le “imputan una serie de hechos gravísimos absurdamente”.

“Tecnoconcret no debería estar aquí metida y yo menos”, ha llegado a decir.

El exempleado ha resaltado que sólo conocía los “aspectos contables” de Tecnoncret y ha comentado que, en su opinión, todo se hizo “dentro de la corrección contable, fiscal y administrativa”.

“No hubo ningún impago a la Seguridad Social, ningún problema de tipo administrativo, legal, jurídico, contable (…) he declarado todas las cuentas anuales de años en los que he estado involucrado”, ha insistido.

El compareciente ha explicado que el cuñado del expresidente madrileño Ignacio González, José Juan Caballero, fue quien le propuso trabajar en Tecnoconcret, que estaba “en proceso de construir un campo de golf en Madrid”.

“Me pareció una empresa interesante (…) estaba sin trabajo en esos momento, me agarré a eso como pude”, ha señalado.

Además, ha asegurado que desconocía “completamente” el contrato suscrito con el Canal de Isabel II y los “problemas” que ahora investiga la Justicia.

“No sabía que había trabajado en una empresa tan terrible”, ha apuntado.

En su intervención, ha comentado que empezó a trabajar en Tecnoconcret en enero de 2007 y en noviembre de 2008 le “regalaron” un 5 % de la participación de la empresa “para que tuviera unos mejores ingresos”, pero ha asegurado que no hubo ningún proyecto nuevo por lo que no llegó a cobrar nada por esta participación.

En febrero de 2010 le despidieron y, según ha indicado, le indemnizaron con 3.000 euros.

“No sé de qué debo defenderme, me considero en una situación de cierta indefensión”, ha manifestado en la comisión, donde ha recordado que ya ha prestado declaración en la Audiencia Nacional y ante la Guardia Civil, aunque no sabe los “detalles” de su imputación.

“Es una especie de imputación global, enorme”, ha añadido.

Previamente ha comparecido Carmen Ochoa, secretaria de la asociación Parque Sí en Chamberí, que ha dicho que la construcción del campo de golf era “absolutamente ilegal” porque las obras “empezaron sin licencia”.

En su comparecencia, ha explicado que los vecinos del distrito de Chamberí, donde se construyó el campo de golf en terrenos propiedad del Canal de Isabel II, iban analizando las empresas involucradas, como Tecnoconcret.

Descubrieron que algunas de ellas tenían un solo empleado y que otras tantas compartían domicilio social.

“Íbamos siguiendo pistas poco a poco que nos decían que realmente ahí había algo turbio”, ha declarado.

El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados, entre ellos Pablo González, hermano de Ignacio González, pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del campo.

Además sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano, “para lograr que el contrato” recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas “perjudiciales” para la Comunidad de Madrid.

Por su parte, según un informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso Lezo, en 2003, el mismo año en que Ignacio González pasó a ostentar la presidencia del Canal, se adjudicó la obra del campo de golf a Dragados (del grupo ACS) por 40 millones de euros.

En la segunda fase de la adjudicación se firmó un contrato de 3,2 millones que versaba sobre la explotación del campo de golf y que recayó en un consorcio de empresas participado, entre otras, por la propia Tecnoconcret y por una empresa de ACS.

En un momento dado, Tecnoconcret se desvinculó de ese consorcio pero le facturó 620.000 euros durante un periodo coincidente con la vida del contrato

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