El fondo de garantía juvenil asigna a España 1.887 millones de euros Las comunidades autónomas gestionarán los fondos en colaboración con la Administración general del Estado

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La bonificación a la contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años no ocupados, está directamente ligada a la puesta en marcha de la garantía juvenil europea, que desde la próxima semana estará en funcionamiento y dirigida a los 845.500 jóvenes españoles que ni trabajan ni estudian ni se están formando, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2013. Esta medida, aprobada ayer en Consejo de ministros, ha sido incluida por el Gobierno en el decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

La garantía juvenil supondrá un descuento para las empresas en las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social de 300 euros mensuales durante medio año, un total de 1.800 euros. 

La medida, que estará en vigor hasta el 30 de junio de 2016 y será compatible con cualquier otro incentivo a la contratación indefinida, ha sido incluida por el Gobierno en el decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado hoy.

España cuenta para ello con fondos europeos por importe de 1.887 millones de euros a repartir con las comunidades autónomas, que gestionarán el sistema en colaboración con la Administración General del Estado.

Con este sistema los Estados miembros se comprometen a que los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal.

 

Acceso a través de Internet para inscribirse  para benefeciarse de estos fondos 

El acceso al portal de garantía juvenil será telemático, salvo para las personas con discapacidad o en situaciones de exclusión social que podrán hacerlo presencialmente, y para registrase se requiere tener entre 16 y 25 años y no haber trabajado ni haber recibido acciones formativas en los últimos 30 días (90 días en el caso de las acciones educativas).

La bonificación a la contratación fija de estos jóvenes se extiende a los 30 años en el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33 %, mientras que las cuantías se reducirán para los contratos a tiempo parcial a 150 euros mensuales para jornadas del 50 % y a 225 euros para jornadas del 75 %.

 

El catálogo de medidas incluido en el programa de garantía juvenil ha sido consensuado con las autonomías, tiene como base la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 e incluye actuaciones para mejorar las competencias profesionales y la intermediación laboral, para apoyar la contratación y fomentar la actividad por cuenta propia.

Al registro podrán acceder, además de las administraciones central y autonómica, las entidades colaboradoras del Fondo Social Europeo y las empresas interesadas.

El Gobierno también ha ampliado otros incentivos a la contratación de jóvenes inscritos en la garantía juvenil, al elevar del 50 al 100 % la bonificación de las cotizaciones sociales por contingencias comunes del contrato en prácticas.

Asimismo, se ha incrementado del 25 al 50 % la bonificación para cubrir la actividad formativa incluida en los contratos de formación y aprendizaje, que ya cuentan con un descuento del 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social si la empresa tiene menos de 250 trabajadores y del 50 % si tiene una plantilla superior.

Además, desde el 1 de agosto las prácticas académicas curriculares remuneradas de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional Dual también contarán con una bonificación del 100 % de las cuotas a la Seguridad Social.

El decreto-ley incluye cambios en la regulación de las agencias privadas de colocación, de forma que ya no tendrán que pedir autorización administrativa previa para el ejercicio de su actividad y les bastará con una declaración responsable.

Para las empresas de trabajo temporal (ETT) se mantiene la autorización administrativa previa, aunque será válida para todo el territorio nacional y sin límite de duración, se amplía su actividad a la formación, consultoría y asesoramiento, y se fija un mínimo de 3 trabajadores y una proporcionalidad de 12 empleados por cada 1.000 trabajadores puestos a disposición.

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