Miembros de la Mesa Parlament de JxCat rechazan firmar la notificación del Tribunal Constitucional

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Parlament de Cataluña
Parlament de Cataluña

viamadridtv.es.-. Los dos representantes de JxCat en la Mesa del Parlament, el vicepresidente primero y el secretario primero -Josep Costa y Eusebi Campdepadrós-, han rechazado firmar la notificación de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de suspensión de la investidura de Puigdemont.


 

Según ha indicado Costa en los pasillos del Parlament, la negativa a firmar y a recibir la notificación se debe a que la consideran «nula, sin ninguna base legal», y también porque «representa una clara coacción al Parlament».

Costa ha explicado que el funcionario judicial que llevaba las notificaciones se ha limitado a hacer constar que ni él ni Campdepadrós aceptaban el escrito y que tampoco pensaban firmar nada.

Ha dicho que son conscientes, sin embargo, que su gesto tiene poca trascendencia porque la resolución del TC se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y esto es suficiente para que las partes estén formalmente notificadas sobre su contenido.

Según fuentes del Parlament, el resto de miembros de la Mesa han recibido y firmado las notificaciones sin ningún problema.

 

JxCat mantiene casi intacta la reforma para investir a distancia a Puigdemont

JxCat ha presentado hoy tres enmiendas que introducen ligeros retoques a su reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat, pensada para permitir una investidura a distancia de Carles Puigdemont, pese que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias al respecto no avalaba esta fórmula.

En concreto, JxCat ha registrado esta tarde tres enmiendas a la ley de la presidencia, que se debatirá y votará este próximo viernes en el pleno del Parlament.

Las enmiendas obvian en buena medida las observaciones planteadas por el Consejo de Garantías Estatutarias, que en su último dictamen, no vinculante, advirtió de que una investidura a distancia del presidente de la Generalitat, como plantea JxCat, no encajaría en la legalidad de la Constitución y el Estatut. EFE.

 

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