Piden a la Comunidad que amplíe la autoridad pública a todos los médicos A efectos penales, la diferencia entre funcionario y autoridad es que, en el caso de conducta ofensiva realizada sobre la segunda, la pena es mayor

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Edificio del Icomem, en la madrileña calle de Santa Isabel.
Edificio del Icomem, en la madrileña calle de Santa Isabel.

Madrid, 5 may (EFE).- El Colegio de Médicos de Madrid ha propuesto al gobierno de la Comunidad de Madrid que la Ley de Autoridad de los profesionales sanitarios no solamente se aplique a los facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), sino que se amplíe a todos los médicos, incluidos los del sector privado.

Lo ha planteado en sus consideraciones al anteproyecto de Ley de Autoridad de los profesionales sanitarios del Sermas, cuyo objetivo es frenar las agresiones físicas o verbales a médicos y enfermeras por parte de pacientes, usuarios o ciudadanos.

Según la Consejería de Sanidad, el objetivo de esta Ley sería «establecer la consideración de autoridad pública o de agentes de la autoridad pública de los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, en el ejercicio de las funciones propias de su categoría».

En una entrevista con Efe, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, defiende que la consideración como autoridad no solamente se aplique a los médicos del SERMAS, sino que se amplíe a todos los profesionales de la medicina.

Concretamente, reclama que la normativa se extienda a todos los centros sanitarios y sociosanitarios públicos (como residencias de ancianos) y centros privados.

«La labor asistencial, las decisiones clínicas y los consejos que ofrecen los profesionales de la medicina son los mismos en el sector público y en el privado, por lo que la consideración hacia el médico debería ser la misma», explica el presidente de la Corporación madrileña, que cuenta con 44.000 colegiados.

 

Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Extremadura ya disponen de leyes que reconocen a todos los médicos, además de otros profesionales sanitarios, como autoridad pública.

 

A efectos penales, la diferencia entre funcionario y autoridad es que, en el caso de conducta ofensiva realizada sobre la segunda, la pena es mayor.

 

Asimismo, en un procedimiento administrativo sancionador, la condición de autoridad les permitiría gozar de presunción de veracidad y valor probatorio en las manifestaciones o testimonios vertidos en sus informes y declaraciones.

 

La regulación de la condición de los médicos como autoridad, que siempre ha reivindicado el Colegio, sería «una medida de defensa» ante el aumento progresivo de las agresiones físicas y verbales por parte de grupos o ciudadanos, argumenta Sánchez Chillón.

«El ejercicio de la medicina tiene unas condiciones que son peculiares con respecto a otro tipo de profesiones. Nos coloca en una posición de tener que trabajar con la incertidumbre, evaluar una serie de datos y tomar decisiones clínicas de relevancia», indica.

Por ello, destaca la necesidad de los médicos de «estar respaldados y ser considerados como pequeños jueces ante situaciones de sufrimiento o enfermedad».

«No es que seamos partidarios del principio del castigo, pero si sabe que está ante una autoridad, evidentemente la respuesta del ciudadano agresivo tendrá que ser distinta», resalta el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

Apunta que «un ciudadano es capaz de insultar a un político o al alcaldes de su pueblo, pero se cuidaría mucho de insultar a un juez en una sala o a un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El número de agresiones registradas en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ha aumentado de manera progresiva en los últimos quince años, al pasar de cuatro en el año 2002 a 84 en el año 2017.

Hasta la fecha, en los años 2016, 2010 y 2008 se contabilizaron un mayor número de agresiones, con 99, 92 y 85, respectivamente.

Sánchez Chillón precisa que estos datos acreditan el incremento de las agresiones que se denuncian, pero son muchas más las que no se denuncian, aunque probablemente estas últimas son las menos graves para la integridad psíquica o física del agredido.

«Este aumento probablemente esté relacionado con la necesidad de la población de lograr una satisfacción de sus necesidades cada vez más inmediata, por lo que el nivel de exigencia a los servicios sanitarios es cada vez mayor», asegura.

Con un Gobierno en funciones en la Comunidad de Madrid, expresa su confianza en superar la actual situación de «inestabilidad» y muestra su deseo de que esta Ley salga adelante «cuanto antes», aunque reconoce que la Administración pública tiene «sus tiempos» y «encima tiene unos condicionantes extra que no son los de todos los días». EFE

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