El Tribunal Supremo rebaja la responsabilidad civil de la infanta Cristina

Destacados / España / Tribunales | 12 de junio, 2018

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

viamadridtv.es- Agencias- El Tribunal Supremo ha rebajado la cuantía que la Audiencia de Palma impuso pagar a la infanta Cristina como responsable civil a título lucrativo por el caso Nóos de 265.088 euros a 136.950 euros al entender que no puede responder de esa manera de los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin.

 

En la resolución del recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia de Palma del caso Nóos, el Supremo rebaja en 128.138 euros la cantidad que debe pagar la infanta como responsable civil, aunque ese dinero lo tiene que asumir en todo caso Urdangarin.

El alto tribunal aplica el mismo criterio a Ana María Tejeiro, la mujer del exsocio de Urdangarin Diego Torres, a quien también disminuye la cuantía de la responsabilidad civil a título lucrativo de 344.934 euros a 172.550 euros.

Le rebaja así los 172.384 euros de responsabilidad penal que se referían a los delitos fiscales cometidos por su marido.

Fue la defensa de Ana María Tejeiro la que pidió esta reducción en la condena a responsabilidad civil respecto a los delitos fiscales, una petición que admite el tribunal y aplica, por extensión, a la infanta Cristina.

La hermana del Rey fue absuelta por la Audiencia de Palma de cooperar en dos delitos fiscales cometidos por Urdangarin, una petición de condena penal que solo mantenía la acusación popular Manos Limpias, pero no la Fiscalía.

El ministerio público sí le pidió una condena como responsable civil, que cifró en 587.413 euros, una cantidad que la defensa de la infanta consignó en el juzgado a finales de 2014, por lo que se le devolverá el dinero al que no tiene que hacer frente.

Según la Audiencia de Palma, la infanta “desconocía” la existencia de “ilícitos penales” por parte de su marido y no participó en su ejecución, pero sí se benefició del dinero que su esposo ingresó en las cuentas de la empresa que tenían en común, Aizoon.

Respecto a Manos Limpias, la única parte que mantuvo la acusación penal contra la infanta, el Supremo afirma que hay indicios de que actuó respecto a Cristina de Borbón movida por razones extraprocesales.

En ese sentido, recuerda que dicha acusación popular pedía 8 años de prisión para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razona: “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros, merezca ese máximo punitivo”.

Por ello, aprecia en el comportamiento de esta acusación, al menos en las últimas fases del proceso, “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

 

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