La Fiscalía no recurrirá la decisión de elevar el caso de Casado al Supremo Los supuestos delitos de Casado le podrían costar hasta 7 años inhabilitación

España / Tribunales | 7 de agosto, 2018

Pablo Casado en su viaje por varios países latinoamericanos saludando al nuevo presidente de Colombia,  Iván Duque que le recibió en Bogotá.

Madrid, 7 ago (EFE).- La Fiscalía de Madrid ha rechazado recurrir la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 51 de la capital, Carmen Rodríguez-Medel, de elevar al Tribunal Supremo la causa sobre las presuntas irregularidades del máster del líder del PP, Pablo Casado, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

 

Fuentes del ministerio público han informado de que la Fiscalía de Madrid no se plantea presentar ningún recurso, por lo que será ya en septiembre cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo remita su preceptivo informe a la Sala de Admisión del alto tribunal sobre la competencia de investigar la denominada pieza C, relativa al máster de Casado y en la que figuran siete imputados.

En cualquier caso, aunque la decisión de la jueza de Madrid es recurrible en reforma y en apelación, los recursos no implican suspensión alguna del procedimiento de admisión o no a trámite de la causa en el Supremo.

Según apuntan fuentes jurídicas consultadas por Efe, será previsiblemente en septiembre cuando la Sala de Admisión del Supremo tome una decisión al respecto una vez reciba el informe de la Fiscalía.

Por lo tanto, según las fuentes, no será previsiblemente hasta después del verano cuando se empiece a conocer el horizonte judicial de Casado, a quien la jueza atribuye los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que podrían costarle su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre 3 años y medio y 7 años.

Casado aprobó el máster sin ir a clase y tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios.

La jueza cree que pudo ser uno de los “alumnos elegidos” a los que le regalaron el título en el curso 2008-2009 debido a “su relevancia política e institucional” -entonces era diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP-.

Por ello, y al no poder investigarle por ser aforado, ayer envió una exposición razonada al Supremo para que decida si procede o no abrir una causa en el alto tribunal sobre las supuestas irregularidades de su máster.

 

SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN

Los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que atribuye la jueza al presidente del PP, Pablo Casado, podrían costarle su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre tres años y medio y siete años.

En la exposición razonada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, considera que “pudiera haber suficientes elementos para entender que de los hechos expuestos pudiera derivarse responsabilidad penal del aforado”.

Así, la magistrada ve a Casado como “cooperador necesario” de la presunta prevaricación que atribuye al exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, pero no por las convalidaciones, que son legítimas, sino por la “calificación arbitraria” de las otras cuatro asignaturas del líder del PP.

Este delito fue agravado en la última reforma del Código Penal, si bien a Casado se le tendría que aplicar el vigente en el momento de los hechos con penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación, como recoge el artículo 404.

Al no ser Casado funcionario público, el artículo 65.3 del Código Penal señala que los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate, en este caso entre 3,5 y 7 años.

Desde el punto de vista jurídico, la jueza menciona la jurisprudencia del Supremo para manifestar que calificar una asignatura sin mérito académico es un delito imputable también a quien no es funcionario público, en este caso, a los alumnos.

Para la jueza, la conducta del líder del PP puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa, porque se matricula en el máster y paga las tasas académicas, aporta su expediente académico íntegro, solicita el reconocimiento de créditos y acepta el título, que usa en su currículo.

Respecto del cohecho impropio, la jueza se lo atribuye por su condición de diputado en la Asamblea de Madrid en aquellos años.

La magistrada entiende que “recibir como regalo una titulación de máster” supone una prebenda que encaja en ese delito aunque reconoce que es una práctica “poco habitual”, pues “los ejemplos que la jurisprudencia proporciona suelen referirse a cuestiones materiales, no a titulaciones académicas”.

Rodríguez-Medel afirma que “lo importante, a los efectos que aquí nos ocupan, es que la propia naturaleza del regalo (una titulación académica) exige una participación activa del sujeto que lo recibe y que esta participación sea anterior a obtener la dádiva”.

La jueza descarta que se produzca un agotamiento del delito de cohecho, “como podría serlo matricular a su nombre un coche que se regala” o que fuera un regalo de cortesía.

“Se trata de matricularse en un máster, pagar el importe de la matrícula, aportar el expediente académico previo y solicitar el reconocimiento de créditos, todo ello para posibilitar dar una apariencia de legitimidad a la obtención del título académico que se recibe como regalo”, añade.

En su opinión, “esta participación, activa, previa y necesaria por la naturaleza del regalo vincula el cohecho a la prevaricación administrativa que supone la concesión arbitraria del título académico, conductas delictivas en concurso medial”.

Y aunque el delito de cohecho estaría prescrito, entiende que está en concurso medial con el de prevaricación administrativa, en cuanto que la conducta indiciariamente prevaricadora -la concesión arbitraria del título en la que Casado coopera necesariamente – es el medio utilizado para otorgar la dádiva, es decir, el máster.

Ante un concurso de delitos, el plazo de prescripción es el que corresponda al delito más grave, en este caso la prevaricación que es de 10 años, por lo que estaría dentro del plazo legal. EFE

Temas:

TEMAS RELACIONADOS

Comente este artículo...