Piden investigar a exmagistrado colombiano por sobornos de filial de Inassa

Internacional | 7 de noviembre, 2018

Exmagistrado colombiano, Jorge Pretelt

Bogotá  (EFE).- La fiscalía colombiana pidió al Congreso que investigue al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt por la presunta recepción de sobornos de la compañía Recaudos & Tributos, del grupo de Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.

La entidad afirmó en un comunicado que obtuvo información por “cooperación judicial” y “varias declaraciones” con la que se estableció que Pretelt recibió “una suma elevada de dinero” para favorecer a la empresa en un proceso judicial.

Recaudos & Tributos (R&T) es una empresa filial de Inassa que durante más de diez años tuvo la concesión para cobrar los impuestos de la ciudad colombiana de Santa Marta.

Según la investigación, a Pretelt se le sobornó con el objetivo de fallar en una disputa entre la compañía y el Distrito de Santa Marta por un contrato sobre la modernización del sistema de gestión y recaudación tributarios de esa ciudad.

“El supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos & Tributos”, detalló la información.

La fiscalía señaló que Pretelt emitió una sentencia en diciembre de 2012 en “beneficio de los intereses” de la empresa, aunque la decisión fue declarada nula por la Sala Plena de la misma Corte.

Por los anteriores hechos la fiscalía envió copias “de las piezas procesales pertinentes” a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que realice las pesquisas.

De igual forma, la entidad prevé iniciar una investigación a los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, a quienes se hace referencia en las pruebas recogidas.

El exmagistrado Pretelt también está acusado, desde agosto de 2016, de presuntamente haber pedido 500 millones de pesos (unos 158.000 dólares) a la compañía Fidupetrol durante el trámite de un recurso de amparo (tutela) ante la Corte Constitucional, por lo que fue suspendido por el delito de concusión.

La fiscalía inició el 4 de octubre el embargo de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 63,7 millones de dólares) de Inassa en la empresa Triple A de Barranquilla, otra filial del grupo, por irregularidades en contratos que causaron detrimento patrimonial cercano a los 75 millones de dólares. EFE

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