Los niños de 7 a 17 años tendrán derecho a asistencia dental gratuita

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Madrid,  (EFE).- Los niños de entre 7 y 17 años residentes en la Comunidad de Madrid tendrán derecho a asistencia dental básica gratuita gracias a una proposición de ley sobre salud bucodental aprobada hoy en la Asamblea que excluye determinados tratamientos, como el de ortodoncia.

Además, el pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy otra proposición de ley que blinda el carácter público del Canal de Isabel II y refuerza los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas de esta empresa, perteneciente a la Comunidad.

La proposición de ley sobre salud bucodental presentada por el PSOE-M ha contado con los votos a favor de este grupo, el PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos.

 

Su intención es orientar la atención pública bucodental hacia la prevención y luchar contra las desigualdades socioeconómicas en salud dando cobertura pública a las enfermedades orales de niños, personas con necesidades médicas especiales y pacientes con pocos recursos.

 

Entre otros aspectos, contempla la creación de un Plan de Atención Infantil (PADI) para menores de entre 7 y 17 años, sin perjuicio de su posibilidad de ampliación hasta los 18.

Aunque la ley entrará en vigor en enero de 2019, la previsión es que el PADI empiece a funcionar en enero de 2020, cuando incorporará a todos los niños que cumplan siete años ese año.

Cada año entrarán de forma progresiva al PADI los niños que vayan a cumplir siete años, que permanecerán en el programa hasta que cumplan 17, con derecho a un dentista personal de referencia y a una asistencia dental básica.

 

Esta asistencia incluye una revisión anual obligatoria, la atención para cualquier urgencia bucodental «cuantas veces lo necesiten» y tratamientos especiales a causa de malformaciones, entre otras actuaciones.

 

Entre los servicios específicos recogidos en el programa figura un reconocimiento «minucioso y detallado» de la dentición permanente y el sellado de fosas y fisuras en casos de caries.

Están excluidos los tratamientos de ortodoncia, los tratamientos «con finalidad exclusivamente estética», la extracción de piezas sanas y los implantes de dientes excepto para pacientes con cáncer que afecta a la cavidad oral y pacientes con malformaciones congénitas.

La proposición de ley prevé la posibilidad de habilitar conciertos con profesionales privados para poder implantar este programa de atención infantil, más allá del dispositivo propio del Servicio Madrileño de Salud en sus unidades de salud bucodental.

 

Así, los padres, tutores o responsables de los niños podrán elegir libremente a un dentista entre cualquiera de los profesionales tanto del Servicio Madrileño de Salud como de los concertados.

«Esto no lo compartimos», ha dicho la diputada de Podemos Carmen San José, que advertido de que los dentistas privados tendrán la opción de «rehusar de pacientes» mientras que el sector público contará con «unas elevadas cargas» de trabajo.


El texto define la salud bucodental «como parte integral de la salud de las personas» y prevé «potenciar, reforzar y reorganizar» estos servicios del Servicio Madrileño de Salud «para responder más efectivamente a las necesidades de la población».

Entre otros aspectos, contempla la creación de una Oficina Dental Comunitaria en el Servicio Madrileño de Salud para «garantizar servicios de atención dental a un nivel adecuado a los grupos de población con necesidades sanitarias o sociales especiales», entre otras funciones.

También prevé la creación de un Consejo Asesor de Salud Bucodental de la Comunidad de Madrid para «analizar la situación y necesidades» de la salud bucodental de los madrileños.

Por su parte, la proposición de ley sobre el Canal de Isabel II, presentada por Ciudadanos, ha contado con los votos a favor de la formación naranja y el PP y el voto en contra de Podemos y el PSOE-M, que han reprochado a la formación naranja que esta iniciativa «no aporta nada» y la han calificado de «ocurrencia».

El texto aprobado, que modifica la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2008, establece que la sociedad anónima encargada de la gestión del agua en la región «tendrá un capital exclusivamente público» con la participación de la Comunidad de Madrid y de las entidades locales integradas, como ya ocurre.

La proposición somete a la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tanto al Canal de Isabel II como a sus sociedades participadas dentro y fuera de España. EFE

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