La Asamblea celebra su último pleno con muestras de afecto entre los grupos y la aprobación de la Ley de Transparencia Aprobada la Ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid

Madrid / Política | 22 de marzo, 2019

Madrid, (EFE).- La Asamblea de Madrid ha celebrado este jueves el último pleno ordinario de la legislatura con muestras de afecto entre todos los grupos, que han abandonado por unos minutos sus diferencias para ensalzar el “respeto” y buen tono de los debates parlamentarios a lo largo de estos cuatro años.


Tras la sesión de control, el presidente regional, Ángel Garrido, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, y los portavoces de los grupos parlamentarios han tomado la palabra en la tribuna para despedir una legislatura que está a punto de finalizar, dada la proximidad de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

“Los malos momentos, si es que han ocurrido, representarían la anécdota y no la categoría”, ha dicho Garrido.

El presidente regional ha dado las gracias a todos los portavoces por haber “contribuido a unos debates parlamentarios sin crispación y dentro de los límites de respeto al adversario y cortesía parlamentaria”.

Ha sido un honor ser miembro de esta Cámara, les deseo a todos la mayor de las suertes”, ha comentado al final de su intervención con la voz quebrada por la emoción.

La presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha dicho que pese a los “debates duros, tensos y hasta broncos” el balance de la legislatura ha sido “francamente positivo” por el “enorme respeto” que asegura que ha habido entre los grupos.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, cuyo discurso ha sido de los más aplaudidos, ha mostrado su satisfacción de “poder culminar este período legislativo manteniendo una relación cordial” aún teniendo “opciones distintas”.

“Dicen que los edificios tienen aroma, que el aroma está formado por las palabras dichas en ese lugar. Espero que la memoria de este salón de plenos no guarde mal recuerdo de quienes hemos estado aquí en esta décima legislatura”, ha concluido.

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha señalado que pese a “las discusiones legítimas y necesarias” han “sido capaces” de ponerse “de acuerdo”.

Además, ha recordado a los que han sido diputados de Podemos pero ya no están en el grupo, como su antecesora en el cargo, Lorena Ruiz-Huerta, que dimitió como portavoz por desavenencias con la dirección del partido.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha dado al igual que el resto las gracias a los trabajadores de la Asamblea, a la presidenta del Parlamento, los periodistas y también a los diputados de su grupo por su “solvencia y lealtad”.

Empezamos sin saber qué era una proposición de ley, una PNL, cómo se negociaban los presupuestos (…) Después de cuatro años, somos expertos, nos hemos sacado el máster de actividad parlamentaria”, ha apuntado.

Desde el PP, su portavoz, Enrique Ossorio, ha resaltado que “pese a las discusiones” ha “reinado siempre una gran cordialidad”.

Este clima afectuoso ha desaparecido en el siguiente punto del orden del día, donde la diputada del PSOE-M Carla Antonelli ha acusado al Gobierno regional de ser “cómplices” de las más de 900 agresiones contra el colectivo LGTBI en los últimos tres años.

“Rompo la magia, hoy soy la ‘Grinch'”, ha bromeado.

En la sesión de control, Gabilondo ha reprochado a Garrido la falta de políticas de reequilibrio social, aunque previamente en declaraciones a los medios ha puesto un notable a la legislatura.

“Hay cosas que no me han gustado, otras mucho. Me han gustado sobre todo las cosas que hemos hecho conjuntamente”, ha comentado.

Serra, que ha dado un “suspenso” a una legislatura “perdida”, ha denunciado que el Gobierno ha “saqueado, despilfarrado e hipotecado el futuro de la región” por el incremento de la deuda y se ha convertido “en un tapón y un lastre”.

Por su parte, Aguado ha destacado la “lealtad” de su grupo al Gobierno durante esta legislatura, a la que ha dado un aprobado, mientras que Garrido ha agradecido a Ciudadanos el “apoyo que ha prestado al PP” a favor de la “estabilidad” en la región.

Tras el pleno ordinario, la Asamblea celebró uno extraordinario este mismo jueves donde se aprobará la Ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad.

Aprobada la Ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de transparencia y participación de la Comunidad, que entre otros asuntos establece la creación de un registro de grupos de presión o ‘lobbies’ que pretendan influir directa o indirectamente en la gestión pública.

La Ley ha salido adelante con los votos a favor de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos y el voto en contra del PP en un pleno extraordinario celebrado a petición de la oposición tras el último pleno ordinario de la legislatura, para hacer así posible su aprobación antes del fin de la actividad parlamentaria.

La Ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid, que parte de una propuesta del PSOE-M, busca regular la transparencia “en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública”, así como “la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos”.

El ámbito de aplicación incluye entre otros a la administración pública de la Comunidad de Madrid, las empresas públicas y las universidades públicas y los organismos o entidades vinculadas o dependientes de ellas.

Todos estos actores deberán publicar su actuación pública en un portal o página web “de modo comprensible y estructurado”.

Entre otros aspectos, la Ley regula las ayudas y subvenciones que los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas perciban de las administraciones públicas de la Comunidad.

El texto establece la creación de un registro de transparencia para inscribir a aquellos grupos de presión o ‘lobbies‘ que pretendan influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales, así como en la aplicación de las políticas públicas.

La Ley establece la creación del Consejo de Transparencia y Participación, un órgano adscrito a la Asamblea “para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y la participación en el ámbito de la Comunidad de Madrid”.

También contempla la creación de la Oficina de Coordinación de la Transparencia que, entre otras funciones, coordinará a todas las consejerías de la Comunidad para el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

La Ley obliga a la administración de la Comunidad a contar con un registro público para que cualquier ciudadano pueda solicitar información y hacer reclamaciones.

El texto aprobado insta a los sujetos de la Ley a impulsar y fomentar la participación y colaboración ciudadana en asuntos como las normas y los planes objeto de su competencia.

Entre los mecanismos de participación para conseguir esto, sugiere las consultas públicas, los foros y los grupos colaborativos de trabajo sectoriales.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley conllevará sanciones, como multas de entre 30.001 y 300.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Los portavoces de los grupos de la oposición han celebrado a su llegada al pleno que la Comunidad de Madrid vaya a tener su propia normativa en materia de transparencia.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha considerado que era “indispensable” aprobar esta normativa, ya que ha dicho que Madrid era la única comunidad autónoma que no tenía una ley de transparencia propia.

La portavoz de Podemos, Clara Serra, ha calificado de “buena noticia” la aprobación de esta Ley, que para el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, será la más “moderna” y más “avanzada” de todas las comunidades autónomas.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha justificado su rechazo a la Ley porque existe una normativa estatal en materia de transparencia que ya se aplica en la Comunidad de Madrid.

Además, a su juicio, esta normativa autonómica conlleva generar “más gasto público” al crear más órganos, y establece obligaciones a los ayuntamientos que pueden ser “inconstitucionales”. EFE

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