Para Fabra la decisión de cerrar Canal Nou es irreversible

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Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana

LA RTVV creada hace 24 años, podría desaparecer antes de final de mes. Para ello es necesario atender a ciertos protocolos, al tratarse de un ente público lo que obligaría a las Cortes Valencianas a modificar la ley de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) mediante un decreto ley, la misma fórmula empleada por Fabra para recuperar el control sobre el medio de comunicación autonómico tras la dimisión de su directora y 4 consejeros del PP con motivo del fallo sobre el ERE masivo del TSJ. De acuerdo con esta sentencia, primero habría que admitir a los 1700 empleados y al día siguiente, según fuentes jurídicas, plantear el expediente de regulación extintivo o sea definitivo, contra el que no cabe recurso alguno.


El siguiente paso: la liquidación formal de la empresa mediante subasta pública. Legalmente, coinciden los expertos, es posible teniendo en cuenta los movimientos anteriores y dentro de la legalidad ratificar lo que el presidente de la Comunidad Valenciana lleva unos días manifestando contra la opinión de los profesionales y ciudadanos valencianos cuando es preguntado sobre una hipotética continuidad de la cadena autonómica, a lo que Fabra manifiesta taxativamente: “la decisión ya está tomada y ya lo hemos dicho por activa y por pasiva”.

Ante este cierre irreversible, el Vicepresidente de la Comunitat , José Ciscar admitió ayer mismo que todo el presupuesto previsto en 2014 para RTVV, cerca de 70 millones de euros, se gastará en las indemnizaciones de los 1.700 trabajadores despedidos. Un total de 30 millones será para indemnizar a los 700 empleados que están trabajando en la actualidad y otros 30 millones para aumentar la indemnización de los 1.000 despedidos que tendrán que ser readmitidos antes del cierre.

Fabra optó, finalmente, por formalizar el cierre de RTVV a través de una proposición de ley presentada por el PP en las Cortes Valencianas mediante el procedimiento de lectura única. Con esta estrategia, el Gobierno valenciano elude la presentación de un proyecto de ley de disolución de RTVV que, forzosamente, tendría que ir acompañado de los preceptivos informes jurídicos y de una memoria económica que justifique la decisión de cerrar los medios de comunicación públicos.
Esta fórmula impedirá a los partidos de la oposición presentar enmiendas al proyecto de supresión de RTVV y reduce en varios meses los plazos de una tramitación ordinaria.

Fuentes del Gobierno valenciano admitieron ayer que la previsión es que la iniciativa legislativa se apruebe en el último pleno de este mes. La ley entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana al día siguiente y horas después se cortaría la señal de radio y televisión de las emisoras de la Generalitat.

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