La Policía investiga quiénes difundieron el vídeo de la mujer que se suicidó Fiscalía investigará la difusión del vídeo

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Madrid,  (EFE).- La Policía Nacional investiga quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que, tras ser difundido entre numerosos empleados de una empresa de San Fernando de Henares, llevó a la mujer que aparece en las imágenes a suicidarse, ya que todos pueden incurrir en delito.


La mujer, de 32 años, se suicidó el sábado después de que un vídeo que se grabó hace cinco años fuera difundido entre gran parte de la plantilla de la empresa Iveco en San Fernando de Henares, en la que trabajan unas 2.500 personas.

La Policía investiga si fue la propia mujer la que grabó el vídeo, o si lo hizo alguien con su consentimiento o sin él, así como quién lo difundió en primer lugar y quiénes lo hicieron posteriormente, han explicado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las fuentes detallan que cada una de las personas que envió o reenvió el vídeo puede enfrentarse a un delito contra la intimidad.

La sección sindical de CGT en Iveco ha lamentado la muerte de la trabajadora, que según relató se grabó a sí misma en el citado vídeo hace cinco años, y que recientemente alguien comenzó a difundir entre los compañeros, lo que hizo que ella se dirigiera a Recursos Humanos para comentar lo ocurrido.

Allí le instaron a denunciar lo ocurrido, pero ella rechazó hacerlo, según el sindicato.

Por su parte CCOO ha anunciado que denunciará a Iveco Madrid ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual al tener conocimiento de que se estaba difundiendo el vídeo, y ha asegurado que la muerte tiene que considerarse un accidente laboral.

Este sindicato ha informado de que tras conocer la distribución del vídeo contactó con la trabajadora para informarle de que podía solicitar la activación de un protocolo de prevención de acoso y denunciar a la persona que había difundido las imágenes por vulneración del derecho a la intimidad y por violencia de género.

Los representantes sindicales llegaron a acompañar a la afectada a una reunión con la dirección de la empresa para notificar lo que había ocurrido y quién había iniciado la transmisión del vídeo.

En esa reunión, ha asegurado el sindicato, Iveco respondió que se trataba “de un asunto personal y no de ámbito laboral”, por lo que no tomó medidas.

Fiscalía investigará la difusión del vídeo que llevó al suicidio a una mujer

La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodearon el suicidio de una mujer tras difundirse entre sus compañeros de trabajo un vídeo suyo de contenido íntimo.

Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que Tejada ha ordenado la apertura de diligencias informativas y ha pedido este informe para determinar si hay actuaciones que tengan relevancia penal y puedan ser investigadas.

La Policía Nacional está investigando quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que fue difundido entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares, en Madrid, ya que todos pueden incurrir en delito.

El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Fue una innovación de la reforma del Código Penal de 2015, ya que hasta entonces solo se consideraba delito la difusión de un vídeo de carácter íntimo si se había tomado en un lugar privado sin autorización del protagonista o si las imágenes habían sido robadas.

El castigo para la difusión de imágenes -un hecho que se investiga en el caso del suicidio de una empleada de la empresa Iveco en San Fernando de Henares (Madrid)- está incluido en el capítulo primero -“Del descubrimiento y revelación de secretos”- del título X del Código Penal, que recoge los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

El artículo 197.7 establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien, “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

La pena, añade el texto, se impondrá en su mitad superior cuando los hechos sean cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a la víctima por una relación análoga de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando se haya buscado una finalidad lucrativa.

El anteproyecto de la reforma del Código Penal que fue aprobado en 2015 se presentó por vez primera en 2012, en plena polémica por la difusión de un vídeo íntimo de la concejal de Los Yébenes (Toledo) Olvido Hormigos y el artículo modificado entonces vuelve a la actualidad tras el suicidio de una trabajadora de Iveco después de que circulara un vídeo suyo de contenido sexual.

Uno de los últimos casos con relevancia mediática se instruye en un juzgado de Gipuzkoa tras el procesamiento de un jugador del Eibar y dos exmiembros del equipo por la difusión de un vídeo de contenido sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparece en las imágenes.

En el vídeo, difundido ampliamente a través de las redes sociales en octubre de 2016, dos de los futbolistas aparecen manteniendo relaciones con una chica que pide no ser grabada cuando se percata de que el acto está siendo registrado. EFE

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