Procesado el exjefe del depósito de cadáveres de la Universidad Complutense

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Imágenes de Telemadrid del depósito de cadáveres de la Complutense

Madrid, 17 jul (EFE).- La titular del juzgado de instrucción número 37 de Madrid ha procesado al exjefe del departamento de Anatomía Humana y Embrionaria II de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el hacinamiento de cuerpos donados para la investigación en el depósito de cadáveres del centro universitario.

Se trata de José Ramón Mérida Velasco, procesado por un delito contra los derechos de los trabajadores, según el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado este miércoles el diario El Mundo.

Mientras, la magistrada declara el sobreseiminiento provisional de las actuaciones para otros investigados: José Luis Álvarez-Sala, decano de la Facultad de Medicina de la UCM; Jesús Bragado, gerente de este centro; José Javier Sánchez, director de Prevención de Riesgos Laborales, y Antonio Luis Colorado, del Servicio de Medicina del Trabajo de la UCM al no contar con pruebas para atribuir indiciariamente la comisión de un delito.

Con esta resolución, la magistrada Purificación Elisa Romero, que concluye así la instrucción del caso, sostiene que entre el 15 de mayo de 2009 y el 20 de mayo de 2014 (fecha de paralización de los trabajos del depósito) los trabajadores de este departamento estuvieron sometidos y expuestos a “niveles de contaminación ambiental de formaldehidos y otros compuestos muy superiores a los límites permitidos”.

“No existían protocolos ni procedimiento de trabajo alguno” ni los equipos de trabajo que usaban el horno crematorio tenían manual de funcionamiento o medidas de seguridad, dice la juez, que hace responsable de esta situación “consentida, conocida e impuesta” a José Ramón Mérida, quien “no adoptó medida alguna tendente a evitar o reducir el nivel de contaminación”.

Según el auto, a partir de 2012 las condiciones de los técnicos se hicieron “prácticamente insostenibles”, degradándose “día a día” por incumplimiento de las obligaciones del entonces jefe del departamento, en cuyo depósito había en mayo de 2014, antes de ser clausurado, 534 cadáveres apilados en una cámara frigorífica que no funcionaba bien, o “amontonados en el suelo y otras zonas del sótano”.

La juez describe la ausencia “absoluta” de seguridad e higiene en las instalaciones: muchos cadáveres en avanzado estado de descomposición, continuos y fortísimos olores a putrefacción, presencia de fluidos, insectos y larvas en el suelo del pasillo que separaba distintas salas con cadáveres putrefactos.

Unas condiciones de trabajo a las que abocó el procesado, que mantuvo una actitud pasiva y, en ocasiones, amenazante hacia sus subordinados, según las frases de Mérida hacia los trabajadores que se quejaban y que constan en el auto, como “los medios que me solicitáis son muy caros” o “si no se hacen las cosas así ya podéis buscar otro trabajo”.

La juez enumera las enfermedades que durante el periodo investigado padecieron cinco trabajadores, sobre todo Pilar Mansilla, quien sufrió, entre otras patologías, como consecuencia de su exposición a altas concentraciones de formol y la insalubridad del depósito, múltiples catarros, un carcinoma de mama, una neumonía, conjuntivitis, lumbalgias y trastorno ansioso-depresivo.

Sobre el auto dictado cabe recurso de reforma ante el mismo órgano o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. EFE

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