Afectados por el caso Bankia cargan contra exgestores por el fraude agresivo Acusación popular dice que Bankia costó mil euros a cada trabajador español

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San Fernando de Henares (Madrid), 11 sep (EFE).- Varias acusaciones particulares de inversores minoristas que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, han responsabilizado este martes en la Audiencia Nacional a los antiguos gestores de la entidad de un «fraude» que se comercializó de forma «agresiva» desde sus sucursales, valiéndose «de la confianza de su clientela».

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), acusación popular en el caso, ha afeado ante la sala que el grupo financiero solicite su condena en costas por daño reputacional cuando «lo que le ha traído hasta el banquillo han sido sus prácticas, sus directivos y pasar de 300 millones de beneficios a 4.000 de pérdidas», en alusión a la reformulación de 2012.

Durante la exposición de su informe, el letrado de la asociación de consumidores Adicae no sólo ha cargado contra el expresidente del banco Rodrigo Rato y el que fuera su equipo directivo, sino que ha insistido en cómo el auditor externo, Francisco Celma, participó en las «argucias contables» con su falta de diligencia.

En su opinión, los entonces dirigentes del grupo del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) «no dudaron en adoptar cualquier estrategia» para aparentar una «falsa imagen», empresa que también se sirvió del «maquillaje» en las cuentas consolidadas del ejercicio 2010.

Al respecto, ha remitido al informe de los peritos judiciales cedidos a la causa por el Banco de España, y ha aseverado que los deterioros millonarios que arrastraba BFA desde su creación se debieron, entre otros motivos, a las políticas de refinanciación de las cajas, afanadas en ocultar la gran masa de créditos sin posibilidad de recobro que incluían en sus carteras.

De este modo, ha incidido, la treintena de acusados habría tratado de evitar que afloraran las pérdidas a fin de poder continuar pagando «los complementos de los directivos, las dotaciones de la obra social y las preferentes», recurriendo para ello a «fórmulas» contables no amparadas por la normativa.

Acto seguido, el letrado de Adicae ha reiterado su petición, la más dura de cuantas se han solicitado, 15 años de prisión para Rato y el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, nueve años para el exvicepresidente del banco José Luis Olivas y el auditor, Celma, y entre tres y seis años de cárcel para los 26 exconsejeros restantes y el interventor Sergio Durá.

Mientras que para las personas jurídicas, BFA, Bankia y la firma auditora Deloitte reclama un millón de euros de multa al apreciar la existencia de «beneficio».

Los accionistas representados por el 15MpaRato han reprochado que los exgestores utilizaran información alterada en el folleto informativo de la salida a Bolsa para «transmitir a los compradores una falsa idea de solvencia», hecho del que han culpado a los exconsejeros presentes antes del salto al parqué, pues «ninguno se opuso a las decisiones».

La acusación, que pide hasta cuatro años de cárcel para Rato, Olivas y Norniella por «esconder la penosa situación» de Bankia, se ha referido además a la supuesta maniobra de engaño que rodeó el debut bursátil, incluida su campaña publicitaria y un folleto «para cubrirse las espaldas».

Sobre esto mismo se ha pronunciado la CGT, que ha secundado las conclusiones definitivas de la Fiscalía Anticorrupción y para quien las 400 páginas de información proporcionada a los inversores no pretendían documentar sobre los riesgos de la operación, sino «prefigurar una prueba» que permitiera exonerar en el futuro a los exresponsables del banco.

Igualmente ha sostenido que los números de la reformulación de las cuentas anuales de 2011 en la primavera siguiente «no se debieron a la crisis ni a la doble sierra», y ha reprochado a Bankia por solicitar la condena en costas para las acusaciones mientras «el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene que aumentar su capital en la entidad para poder ir asumiendo lo que se dilucida aquí».

 

Acusación popular dice que Bankia costó mil euros a cada trabajador español

El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, ha dicho hoy que el rescate de la entidad ha costado 1.000 euros a cada uno de los aproximadamente 22 millones de trabajadores que componen la población activa en España.

El letrado ha iniciado su intervención denunciando cierto «hostigamiento», en relación con la pretensión de las defensas que han pedido que las acusaciones se hagan cargo de las costas del juicio, frente a lo que ha defendido que recaigan en los acusados.

Posteriormente ha recordado los términos del rescate de Bankia, que recibió cerca de 23.000 millones de euros de fondos públicos entre la ayuda directa y el préstamo del Frob, un rescate que los gestores de la entidad han atribuido al contexto económico de los años 2011 y 2012.

El problema, ha indicado Herzog, es que no se sostiene que esa crisis financiera sin precedentes afectara sólo a BFA-Bankia, única entidad que tuvo que reformular sus cuentas pasando de 300 millones de euros de beneficio a cerca de 3.000 millones de pérdidas.

La clave reside en las cuentas del ejercicio 2011, las que se usaron para la salida a Bolsa, formuladas en marzo de 2012 y más tarde reformuladas, que «eran falsas», como demostraron durante el juicio los peritos judiciales.

Al ser las cuentas falsas, el folleto de la salida a Bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011, era «inveraz, porque así eran las cuentas que figuraban en el mismo», ha señalado Herzog, a lo que se añaden las cuentas proforma presentadas a la CNMV «con datos erróneos, que en vez de ayudar a los inversores sirvieron a lo contrario».

Como prueba de ello ha citado unas provisiones de algo más de 6.000 millones de euros «que los peritos han verificado», concluyendo que «no había tales provisiones», sino algo más de 100 millones.

Sobre los dos expertos designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Herzog ha defendido su independencia, pese a que en muchas ocasiones los abogados defensores se hayan referido a ellos como peritos de la Fiscalía.

Ambos, ha dicho Herzog, dejaron claro que las cuentas de 2011 y las del primer trimestre de 2012 eran «falsas», y es que «la contabilidad no es una ciencia, pero tampoco es un chicle que se pueda estirar».

Hay normas que no puede «soslayar ni vulnerar nadie, ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)», ha añadido.

Sobre el papel de los supervisores, y en contra de la línea seguida durante la fase de instrucción, durante la cual la CIC fue muy crítica con la labor desarrollada por ambos organismos y varios de sus máximos responsables, a los que consiguió que se citara como investigados, Herzog ha minimizado su responsabilidad.

Las defensas, ha aclarado, dicen que todo estaba avalado por los supervisores, algo que no se sostiene, ya que como ha quedado claro durante el juicio «la CNMV no analiza ni se responsabiliza ni da fe de las cuentas, por lo que no se le puede reprochar nada en ese sentido».

Por lo que respecta al Banco de España, en ningún caso se le puede atribuir que haya avalado lo que se hizo en Bankia, si bien «es cierto que autorizo algunas decisiones, como el cargo a reservas, o no oponerse a la salida a Bolsa», que son discutibles.

En su opinión, el organismo, donde sí hubo «maniobras extrañas» para justificar su falta de celo previa, por ejemplo en relación con las provisiones, «demuestra una cierta laguna en el sistema de supervisión. EFE

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