Excargo de Aguirre rechaza declarar en Púnica hasta poder estudiar la causa

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Esperanza Aguirre

Madrid, 17 sep (EFE).- Alejandro Halffter, que fue viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, se ha negado a declarar este lunes como investigado ante el juez de la Púnica, a quien ha pedido un aplazamiento de su comparecencia para poder instruirse en la causa.

El que fuese viceconsejero de Presidencia e Interior ha solicitado aplazar su declaración como imputado para poder estudiar bien el procedimiento, ya que le citaron el pasado miércoles. Una solicitud a la que, según fuentes jurídicas, no se ha opuesto la Fiscalía, por lo que previsiblemente será citado más adelante.

 

El juez investiga si Halffter dio por buenas adjudicaciones públicas que en realidad sirvieron presuntamente para financiar ilegalmente al PP de Madrid.

 

Por ejemplo, investiga el presunto desvío de 230.648 euros de la Consejería de Presidencia, entonces dirigida por Francisco Granados -principal imputado-, al amparo de diversas adjudicaciones a Horacio Mercado, dueño de Over Marketing y también investigado.

Hay “indicios racionales”, según el juez, de que las facturas que se pagaron a Mercado tenían “conceptos irreales” y señala a Halffter como quien “tramitó los expedientes por cada una de las tres facturas presentadas” por Mercado “a los efectos de otorgar apariencia de realidad” a las mismas.

El magistrado también investiga la presunta autorización de Halffter a la licitación de un contrato de publicidad a Over Marketing por parte de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, que sirvió supuestamente para desviar fondos públicos aprovechando que cobraba ayudas comunitarias.

Esta empresa, según el juez, pagó “el precio de las facturas que bajo conceptos irreales” presentó Mercado provocando un “quebranto” de 923.736 euros a los fondos públicos.

Respecto a la Consejería de Economía, Halffter presuntamente se concertó con el entonces secretario general técnico, Francisco Lobo -recientemente cesado como secretario general técnico de Sanidad en Madrid por su imputación y que declarará este martes-, quien “aceptaría y tramitaría” otras facturas a Mercado “como contratos menores” para “su pago con fondos públicos”.

Tras Halffter ha declarado Rosario Jiménez, ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, que ha negado haber dado cobertura al desvío de fondos de su departamento en favor de Over, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

Sin embargo, el juez cree que, de enero a diciembre de 2006, firmó documentos de reconocimiento de pago y supervisó facturas de Over hasta dar “por bien ejecutada la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado”.

También están citados Germán Rasilla, ex asesor técnico del consejero de Sanidad; Almudena Pérez, ex directora general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), organismo desde el que se desviaron presuntamente fondos, y Carlos Rivero Moreno, que ostentó esos años la gerencia de Gedesma.

Un hermano de Granados y excargos madrileños, entre los 29 citados por Púnica

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, tomará declaración esta semana a 29 imputados dentro de la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño y la relativa al exconsejero Francisco Granados, entre ellas un hermano de éste y varios excargos de la Comunidad de Madrid.

Las declaraciones comenzarán este lunes con cinco imputados en el marco de la financiación ilegal del PP, como el exviceconsejero de Presidencia e Interior Alejandro Halffter y varios antiguos cargos y funcionarios de algunas consejerías madrileñas.

El martes será el turno de nueve investigados más, entre ellos un hermano de Francisco Granados, el principal imputado en la trama, y Francisco Lobo, un exalto cargo de Vicepresidencia de la Comunidad, por varias adjudicaciones presuntamente irregulares.

También de Aurelio García de Sola y Arriaga, que es pariente del marido de la expresidenta Esperanza Aguirre, citada el 18 de octubre.

El miércoles deberán declarar ocho más por la pieza de la financiación irregular, como el ex responsable de Procesos Electorales Jesús Vicente Gil y el exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo.

Este último ya declaró y dijo que el ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás le contó que el expresidente madrileño Ignacio González le había pedido en junio de 2012 un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid.

El mismo día también está citada la exdirectora de la Agencia Madrileña para la Emigración María Victoria Cristóbal y varios exaltos cargos de la empresa pública Mintra, a través de la cual se desvió dinero supuestamente al partido.

Finalmente, el jueves el juez ha emplazado a siete investigados, entre ellos varios empresarios como José Luis Ulibarri, ya vinculado con otros casos de corrupción del PP como Gürtel o Enredadera.

Sus declaraciones se enmarcan en una ronda de citaciones que comenzaron el pasado día 9 y que concluirán el 18 de octubre con la comparecencia de Aguirre.

En esta ronda está citada otra expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y varios exconsejeros, dentro de la pieza sobre el PP madrileño y su presunta financiación con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos. EFE

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