El Supremo despeja la exhumación de Franco: No se necesita licencia de obra La Fundación Franco "duda de la imparcialidad" del Supremo

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Restos de Franco en el Valle de los Caídos.

Madrid, 30 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha despejado el principal escollo para exhumar los restos de Francisco Franco porque considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el Gobierno, por lo que contrasta con la tesis del juez de Madrid que paraliza la licencia.

El Supremo ha notificado este lunes la sentencia, una vez que el pasado martes adelantó el fallo por el que avala por unanimidad el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio en contra del deseo de la familia de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena.

Para los magistrados, «no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor», ni contradice la normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que informó favorablemente al levantamiento de la losa, una decisión que mantiene suspendida cautelarmente el juez Jose Yusty y que supone hasta la fecha el principal obstáculo para exhumar al dictador.

La Fundación Franco «duda de la imparcialidad» del Supremo

La Fundación Francisco Franco ha arremetido contra el Tribunal Supremo al que ha acusado de provocar «una tremenda indefensión y duda de imparcialidad» por haber adelantado el fallo del recurso de los nietos del dictador, sin haber facilitado con él la sentencia.

El escrito se ha presentado este lunes, poco antes de que el Supremo hiciera pública la sentencia en la que avala la exhumación de Franco y la reinhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fundación critica esta «manera no habitual» de proceder del Alto Tribunal -hizo lo mismo con el reciente fallo del recurso de La Manada- porque entienden que puede afectar a su recurso, respecto del cual la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronunciará más adelante.

El tribunal tiene pendiente de resolver los recursos planteados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

La Sala los dejó para más adelante ya que el presentado por los nietos del dictador era el más complejo y el único que abordaba la reinhumación, porque estos tres solo se centran en no desenterrar los restos de Franco. No obstante, su desenlace estará marcado por la decisión del recurso de la familia y, previsiblemente, serán rechazados.

El hecho de que la Sala haya optado por adelantar el fallo ha llevado a la Fundación a pedir a la Sala la celebración de una vista «para exponer y dilucidar la afectación» de varias noticias donde se informa de la decisión del tribunal pues es «absolutamente necesario» aclarar los hechos de estas publicaciones para «así limitar la violación a los derechos fundamentales».

Dice la Fundación que «tales noticias producen, no solamente en los recurrentes en aquel caso sino también en la Fundación Nacional Francisco Franco cuyo recurso todavía se está discutiendo, una tremenda indefensión y duda de imparcialidad».

«El hecho que la prensa y las autoridades políticas hayan mencionado en todo el mundo que el Tribunal Supremo ha dado luz verde al gobierno en el asunto Franco compromete la imparcialidad del presente juicio», añaden.

Además de la vista, la Fundación solicita al Supremo que eleve al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto por el que el Gobierno aprobó la exhumación de los restos del dictador.

A su juicio, se trató de una «importantísima extralimitación del Poder Ejecutivo» que se saltó los trámites previstos para legislar en una situación que, a juicio de la Fundación, no cumple los requisitos de urgencia y extraordinaria necesidad que justifican el uso del decreto-ley.

El escrito esgrime que el Ejecutivo ha vulnerado el derecho de la UE y la Convención Europea de Derechos Humanos, al entender vulnerados el derecho al respeto a la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento y de religión y a la prohibición de discriminación. EFE

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