Aguado propone la creación de un canal seguro para denunciantes de corrupción

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Ignacio Aguado

Madrid, 22 oct (EFE).- El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha anunciado que el Gobierno regional va a impulsar una ley para crear un canal seguro para denunciantes de corrupción, de forma que los funcionarios que detecten posibles irregularidades o ilegalidades puedan denunciar con plena confidencialidad para evitar represalias.

 

Así lo ha anunciado Aguado en declaraciones en RNE, donde ha explicado que se trata de una medida -recogida en el acuerdo de Gobierno de PP y Cs– que «supondrá un antes y un después».

Este Defensor -que ya existe en muchos países y en otras comunidades como Navarra, Castilla y León o Aragón, ha dicho- permitirá a los 150.000 empleados públicos que trabajan en la Comunidad de Madrid poner en conocimiento de esta figura «independiente, autónoma, y cuyo responsable último será elegido por mayoría cualificada en la Asamblea» posibles casos de corrupción o irregularidades.

El nuevo departamento investigará las denuncias que hagan los funcionarios para determinar si ha habido una mala praxis que haya que corregir o si efectivamente los hechos conducen a un ilícito penal.

Será, ha insistido, un canal «seguro», de manera que el denunciante esté protegido, garantizando no ya su anonimato, «que es perjudicial», sino la confidencialidad para que no se repitan casos de funcionarios que conozcan determinadas irregularidades y no han acudido a la justicia «por miedo a represalias».

«Es importante garantizar la confidencialidad y poner a su disposición todos los derechos y asistencia jurídica para que se sienta protegido», ha reiterado.

Aguado ha recalcado que este Defensor del denunciante de corrupción es una herramienta «necesaria» que además «recomiendan los organismos internacionales más prestigiodos en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción».

«Y una vez que se ponga en marcha va a suponer un antes y un después, porque tenemos a 150.000 empleados públicos velando por el buen funcionamiento de la administración», ha afirmado.

Eso sí, no será una tramitación rápida, porque ahora se tiene que elevar a consulta pública durante 15 días (se podrá consultar en el Portal de la Transparencia de la Comunidad), luego se tienen que elaborar los informes preceptivos (de calidad normativa o impacto de género), y una vez que cuente con todos el anteproyecto se presentará al Consejo de Gobierno, que a su vez lo aprobará y lo remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate parlamentario.

Ignacio Aguado ha confiado en que, además de Cs y PP, el resto de grupos de la Asamblea den su apoyo al proyecto, porque se trata de una figura que «existe en la inmensa mayoría de los países de la OCDE» y si hubiera existido en Madrid hace diez o quince años «se habrían evitado casos como Púnica, Gürtel o Lezo».

«La presidenta (Isabel Díaz Ayuso) y yo estamos decididos a que este Gobierno sea un aliado de la transparencia, la regeneración y la eliminación de privilegios», ha justificado el vicepresidente, que ha recordado que hace solo 15 días se inició la tramitación de la ley para eliminar aforamientos.

Porque «más allá de ser intolerantes en el discurso, hay que cambiar la normativa, los protocolos dentro de la administración», ha afirmado.

«Si en 2023 conseguimos que exista esta figura, será un éxito de todos los madrileños, no sólo de este Gobierno, porque estaremos más protegidos que hasta ahora en materia de lucha contra la corrupción», ha concluido. EFE

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