Comunidad halla 200 contratos con el 1 % para la supuesta financiación del PP

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Esperanza Aguirre

Madrid, 11 dic (EFE).- La Comunidad de Madrid ha detectado cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la cláusula del 1 % que investiga el juez del caso Púnica y que supuestamente habrían servido para financiar actos del PP madrileño entre 2009 y 2013.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos Izquierda Unida, que solicitó información sobre este tipo de contratos públicos en una pregunta escrita remitida al Gobierno regional.

 

En la respuesta, registrada el pasado 19 de noviembre, el Gobierno regional detalla cerca de 200 contratos con esa cláusula del 1 %, mecanismo que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, utilizó el PP supuestamente para financiarse irregularmente entre 2004 y 2014.

Dicha cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias de contratos de obras de la Comunidad a destinar un 1 % del presupuesto de la obra en concepto de publicidad y a contratar a una empresa para promocionarlas, si bien la investigación judicial apuntaba que ese sistema pudo servir para financiar al PP madrileño.

La mayoría de los contratos que contenían esa cláusula y que se enumeran en la respuesta del Gobierno regional están vinculados a obras en carreteras autonómicas.

Además, algunos de ellos están relacionados directamente con la empresa Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), que fue extinguida en el año 2011.

No obstante, el Ejecutivo madrileño asegura en su respuesta que «no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas» que contuvieran esa misma cláusula.

Unidas Podemos espera que la Audiencia Nacional amplíe su investigación, aunque no descarta acudir a la Fiscalía Anticorrupción de ser necesario.

Además, desde el Parlamento madrileño seguirán exigiendo las facturas para conocer el monto, según ha explicado a Efe Sol Sánchez, portavoz adjunta del grupo parlamentario.

Preguntada sobre este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha dicho que no ve «absolutamente nada nuevo».

«A mí me parece mucho más noticiable que se guarde información al respecto en cajas fuertes, como están haciendo en los ERE de Andalucía, que eso contrae unas condenas concretas, y ya se sabe cuánto dinero ha malversado (el PSOE)», ha añadido.

Sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que gobernó entre 2003 y 2012 y está imputada en el caso Púnica por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, ha dicho que «tiene confianza en ella mientras no se muestre lo contrario».

Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha asegurado que el Gobierno de coalición formado con los populares en la Comunidad de Madrid «no va a pasar ni una» en la lucha contra la corrupción.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado que vigilará «de cerca» para evitar prácticas corruptas en la Comunidad de Madrid, que a su juicio se dan de forma más «fácil» con partidos que «llevan mucho tiempo en el poder».

El grupo parlamentario de Más Madrid ha registrado en la Asamblea regional sendas peticiones para que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y su delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, comparezcan para dar explicaciones sobre los cerca de 200 contratos públicos.

El portavoz parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha recordado a los medios que Almeida fue secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad entre 2011 y 2013, mientras que Carabante fue director general de Carreteras entre 2008 y 2011 y viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda entre 2011 y 2015.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Manuel Rodríguez Uribes, ha exigido al PP que «dé explicaciones» y asuma «responsabilidades políticas» por estos contratos.

El juez del caso Púnica estima que la caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre y mediante varios mecanismos, uno de ellos el del llamado 1 %.

Así consta en el auto de imputación de Aguirre, donde señala que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías, como la de Sanidad, y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008. EFE

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