La Abogacía del Estado pide que Junqueras sea eurodiputado hasta que se anule su inmunidad

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Oriol Junqueras,

Agencias.- La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que permita que Oriol Junqueras pueda tomar posesión como eurodiputado y ejercer sus funciones mientras mantenga ese estatus, al tiempo que ha urgido al tribunal a tramitar «a la mayor brevedad» ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.

 

El escrito presentado por la Abogacía ante el Supremo, firmado por Rosa María Seoane (que representó al Estado en el juicio del «procés»), insta al tribunal a adoptar las medidas necesarias para que Junqueras pueda ejercer su misión parlamentaria y al tiempo se cumpla la sentencia del «procés», que lo condenó a 13 años de prisión por sedición.

 

Una sentencia a la que la Abogacía otorga total validez al haberse dictado «con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal». «En modo alguno procede su anulación», zanja el escrito.

 

Esas son las líneas principales del informe remitido por los servicios jurídicos del Estado al Supremo con su propuesta para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determinó que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado y haber gozado de inmunidad.

Una vez estudiada esa resolución judicial, la Abogacía cree que «cabría permitir» tanto el desplazamiento de Junqueras a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir los trámites necesarios para ser eurodiputado.

Es el mismo criterio fijado en junio, toda vez que la Junta Electoral Central no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo.

A juicio de la Abogacía, Junqueras debe poder ejercer su función representativa mientras mantenga el estatus de europarlamentario, pero al tiempo el Supremo debe pedir «a la mayor brevedad» a la Eurocámara que suspenda esa inmunidad.

Y, entre tanto, solicita que se apliquen las medidas oportunas para garantizar que «la libertad de movimientos» que implique la aplicación de esa inmunidad, «no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias».

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