Planas confía en que las nuevas medidas acaben con la venta a pérdidas

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Agencias.-  El Gobierno ha aprobado este martes en consejo de ministros mediante un Decreto-Ley un paquete de medidas para aliviar la crisis del campo, y con las que esperan eliminar «la venta a pérdidas en toda la cadena».

En la rueda de prensa posterior al consejo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado que existen «desequilibrios» entre los agricultores y el resto de los eslabones de la cadena -industria, supermercados y consumidores- y viven una situación «más desfavorable», debido en parte a la «atomización» del sector primario».

Para atajar esta crisis en el campo, el Gobierno ha modificado la Ley de la Cadena Alimentaria para obligar a incluir en los contratos que firman los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original, de forma que el precio nunca pueda ser inferior a ese importe.

Sólo habrá dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen (es práctica habitual reducir su precio para venderlo y evitar el desperdicio alimentario) y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste.

El cálculo de los costes precisamente vendrá determinado por «vendedores y compradores» en función de una serie de factores -el gasto en salarios, fertilizantes, semillas, energía, etc.- e índices estadísticos oficiales, según ha señalado Planas.

Además, a partir de ahora se prohíben las «promociones de carácter engañoso» de cara al consumidor y se califica como «falta grave y muy grave» que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar una venta entre los eslabones del sector.

El paquete incluye también el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y se amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que controle los alojamientos destinados a temporeros.

También recoge una bonificación dirigida a los empresarios agrícolas para incentivar la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos.

El Gobierno no ha cuantificado el coste de estas medidas de tipo fiscal, aunque ha asegurado que tendrán poco impacto debido a que el número de beneficiarios será limitado en comparación con toda la población trabajadora en España.

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