Denuncian a Sanidad y piden multas por cada sanitario desprotegido

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Consejería de Sanidad de Madrid

Madrid, 1 abr (EFE)- Los sindicatos CSIF y SAS han presentado sendas denuncias judiciales contra la Consejería de Sanidad por la “falta de medios de protección” de los trabajadores frente a la pandemia de Covid-19, una de ellas con petición de “multas de 1.000 euros por cada sanitario” que se acredite que esté desprotegido contra el coronavirus en el ejercicio de su profesión.

Estas denuncias se suman a otras ya presentadas por Satse, CSIT-UP y CAS Madrid ante la Inspección de Trabajo y por vía judicial, como también ha hecho el sindicato de médicos Amyts, que el pasado día 25 vio estimada su petición de medidas cautelarísimas al Juzgado de lo Social número 31 que ordenó a la Comunidad suministrar equipos de protección en 24 horas.

En la misma línea, la actual demanda de CSIF ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pide que “en un plazo de 24 horas” se pongan los medios de protección “necesarios y adecuados para preservar la salud de los trabajadores” y, en caso de incumplimiento, se fijen «multas de 1.000 euros por cada trabajador» que acredite estar desatendido en cualquier centro sanitario de la región.

Por su parte, el Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS) de Madrid ha registrado este miércoles una demanda penal ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid por un presunto “delito contra la seguridad e higiene” de los trabajadores sanitarios.

Esta denuncia, dirigida contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), se basa en que los profesionales “no disponen de los necesarios medios de protección -EPIs, mascarillas Ffp2, gafas de protección, contenedores de residuos- y se les mantiene en la prestación de servicios a pesar de ser sintomáticos”, poniendo en grave riesgo su salud.

SAS ha emprendido la vía penal después de enviar un escrito a la Dirección Asistencial de Atención Primaria alertando de la falta de medios de protección en los centros de salud y en salidas a domicilio, y tras poner un recurso sobre falta de material en el Hospital Virgen de la Torre, dependiente del Infanta Leonor, ha dicho a Efe el secretario de Organización, Ángel Navarro.

Además de otras denuncias a Inspección de Trabajo y de enviar sendas cartas a la Consejería de Sanidad y al Ministerio, SAS se dirigió, junto con CAS Madrid y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, a la Fiscalía Superior de Madrid que archivó la causa y les remitió a la vía judicial que ahora emprenden.

A su vez, la actual demanda de CSIF Madrid se presenta un día después de que CSIF nacional haya interpuesto una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, por su gestión de la crisis del coronavirus.

Los autónomos critican que la Comunidad suspenda las ayudas a los cuatro días

La Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (Amtas) se ha quejado de que el Gobierno regional haya suspendido las ayudas a este colectivo que puso en marcha hace cuatro días por alcanzar el tope fijado y que solo hayan beneficiado a 1.500 negocios de los más de 400.000 que hay en la provincia.

Estas ayudas directas fueron aprobadas la semana pasada por la Comunidad de Madrid, que acordó conceder subvenciones directas de hasta 3.200 euros a los autónomos que demostraran haber sido perjudicados por el parón de la actividad y que se comprometieran a permanecer un año dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Según un comunicado de los autónomos madrileños, «la cantidad subvencionable era desmesurada» teniendo en cuenta que la partida destinada a este fin es de 5 millones de euros, lo que significa -han subrayado- que solo alcanza a unos 1.500 trabajadores por cuenta propia de los más de 400.000 que hay en la región.

Amtas reclama medidas complementarias a las que ha aprobado el Gobierno central, proponiendo así una ayuda para todos los autónomos que hayan accedido a la prestación extraordinaria de cese de actividad aprobada por el Consejo de Ministros por valor del 30 por ciento de su base de cotización.

«El Gobierno aprobó una prestación del 70 % de nuestra base de cotización. Pedimos a las comunidades el otro 30 % para no perder liquidez», han señalado.

En cuanto al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, le solicita que habilite una línea de microcréditos sin intereses para ayudar a pagar todos los gastos generales que tienen que seguir afrontando.

Además, se quejan de no haber sido escuchados en esta crisis, advirtiendo de que si el Consejo Autonómico del Trabajo Autónomo no se convoca en momentos como este y no tiene voz en la toma de decisiones «quizá sea el momento de disolverlo y no perder más tiempo». EFE

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