Agencias.- Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, ha sostenido que es «absurdo y contraproducente» abrir el debate sobre derogar la reforma laboral en el marco de la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus, y ha asegurado que cualquier modificación laboral se hará con los agentes sociales.

«Con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no por crearlos», ha dicho al ser preguntada por el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu de derogar la reforma laboral.

En este sentido, ha asegurado que se pueden dar cambios en el ámbito laboral, pero «siempre con el objetivo claro de impulsar el empleo y la actividad económica a la vez que se protege a los trabajadores».

Nadia Calviño, se enteró este miércoles pasadas las 20 horas de que los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE  y Unidas Podemos, habían pactado derogar la reforma laboral “de manera íntegra” con EH Bildu.

La intervención de la vicepresidenta Calviño, considerada del ala moderada del Ejecutivo, fue clave para que unas tres horas después el PSOE diera marcha atrás con una rectificación, según ha publicado El País

El Gobierno promete diálogo social para la reforma laboral tras el enfado de la CEOE

El Gobierno ha garantizado que cualquier modificación de la reforma laboral se hará de manera dialogada con los agentes sociales, después del enfado de los empresarios por el acuerdo de PSOE y Podemos con EH Bildu, que ha llevado a la CEOE a suspender su participación en las mesas de diálogo social abiertas.

También ha habido quejas por parte de los sindicatos, que han exigido al Gobierno que la negociación sobre la reforma laboral vuelva al diálogo social, un ámbito en el que ya habían comenzado las conversaciones para modificar los aspectos más urgentes de la norma del PP de 2012, que quedaron en el aire por la irrupción del coronavirus.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dejado claro que el acuerdo es «un auténtico dislate y una irresponsabilidad mayúscula», que puede tener «consecuencias incalculables» en la confianza en la economía española de empresas nacionales y extranjeras.

El Instituto de la Empresa Familiar ha rechazado el acuerdo con Bildu porque podría poner en riesgo el «imprescindible apoyo» de las instituciones europeas, mientras que la Cámara de España ha considerado una irresponsabilidad anunciar una derogación inmediata «en el momento más convulso de nuestra historia reciente».

Por la parte sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la CEOE «mesura» para continuar en la senda del diálogo, y ha calificado de «música de la mala» el acuerdo con Bildu, por incluir un asunto que debería pasar por la mesa de negociación que se abrió a principios de año para abordar la reforma laboral y que ahora está «hibernada» con todos los esfuerzos centrados en las medidas por el COVID-19.

«Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo», ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha recordado que además hay que poner en pie toda una legislación que recoja los cambios del mercado laboral.

A finales de enero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó el inicio de la negociación para la derogación de la reforma laboral de 2012 en dos fases: una primera para abordar las cuestiones más urgentes, como devolver la prioridad al convenio sectorial y recuperar la ultraactividad, y una segunda para los aspectos más complejos, como la contratación o la causalidad del despido.

En aquel momento ya se cuestionó si la derogación sería completa, algo que tanto Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijeron que no era técnicamente posible, mientras que Díaz defendió que no se trataba tanto de volver al mercado laboral previo a la crisis, como de recuperar los derechos laborales perdidos.

De momento se ha derogado el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo, lo que se hizo a través de un decreto ley que no fue negociado con los agentes sociales y que se convalidó en el Congreso con la única oposición de Vox y Foro Asturias.

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