El rector de la Rey Juan Carlos, nuevamente investigado por prevaricación

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Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Móstoles, 22 jun (EFE).- El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles por la presunta comisión de delitos de malversación pública, falsedad documental y prevaricación administrativa.

Según ha adelantado el diario ‘Madrid Actual’ y han confirmado Efe fuentes de la URJC, Ramos acudirá a declarar el próximo 1 de octubre tras admitir a trámite el juez una querella presentada por el profesor y exdirector del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la universidad Jorge Urosa Sánchez.

Fuentes de la universidad han señalado a Efe que, a raíz de la polémica sobre las presuntas irregularidades en el máster cursado por la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el rector encargó una serie de auditorías en diversos entes, entre ellos el Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) que dirigía Urosa Sánchez.

Según estas fuentes, la auditoría detectó «una serie de incumplimientos de la normativa y de las funciones de control de gasto» que podrían implicar «un grave perjuicio para las arcas de la propia universidad», por lo que se remitieron estas conclusiones a la Fiscalía para que decidiera si abría una investigación.

Dicha investigación motivó el cese de Urosa Sánchez, quien por su parte presentó una querella contra Ramos, y contra el gerente general de la URJC, Luis Mediero, acusándoles de los delitos de malversación pública, falsedad documental y prevaricación administrativa por el encargo de la auditoría.

Según el querellante, Ramos convocó un concurso para encargar la auditoría forense que examinara la situación financiera del CIFP, cuyo contrato recayó finalmente en Grant Thornton SLP por valor de 261.791 euros.

Sin embargo, según la versión de Urosa Sánchez, al no hallarse indicios de delito en su gestión, Ramos recurrió al bufete de abogados Baker & Mckenzie, cuyo expediente de contratación, dice, se inició en septiembre cuando ya estaban contratados sus servicios desde julio y habían prestado servicio.

La querella presentada por Urosa Sánchez apunta a la existencia de presuntos delitos en esta actuación administrativa, por lo que el juez ha citado para el próximo 1 de octubre al querellante y a los querellados.

Además, el juez instructor ha acordado librar oficio a la universidad para que remita «a la mayor brevedad posible» el expediente completo del contrato menor con el despacho de abogados Baker & Mckenzie, incluido el informe de intervención, y el informe del despacho de abogados contratado.

Desde la universidad insisten en que no hay nada irregular en la contratación del bufete, que se hizo después de que el equipo de Gobierno recibiera una serie de «quejas» sobre algunos cursos que apadrinaba el CIFP y que entendían «no acordes» con la institución.

Estas fuentes explican que la actividad fundamental del CIFP se sustentaba en acuerdos de colaboración con academias y escuelas, que desarrollaban cursos en el que podían usar el logo de la universidad como aval del contenido de esas actividades formativas y por las que se recibía una contraprestación económica. EFE

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