La orden para crear el Consejo de Participación de Personas LGTBI, en el BOE

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Agencias.- El BOE publica este sábado la orden por la que se crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, con el fin de articular un marco estable de colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil en materia de igualdad de trato.

La finalidad del Consejo es dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de trato, no discriminación e inclusión social de las personas LGTBI, según recoge el texto de la orden ministerial que publica el Boletín Oficial del Estado.

El Consejo, que dependerá del Ministerio que dirige Irene Montero a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, pretende canalizar programas dirigidos a los colectivos LGTBI, elaborar una memoria anual sobre trabajos realizados, poner en común propuestas para la promoción de la igualdad y cooperar con órganos de ámbito internacional, entre otros asuntos.

En definitiva, con la creación de este Consejo se pretende «institucionalizar» la colaboración entre las administraciones públicas y estos colectivos más vulnerables y fortalecer el «dialogo permanente».

La presidencia del Consejo será nombrada por el Ministerio de Igualad entre personalidades de reconocido prestigio en el campo de la promoción de la igualdad de trato, la participación social y la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI.

Contará con dos vicepresidencias y diez vocalías en representación de la Administración del Estado y de otros tantos ministerios.

También habrá vocalías en representación de las comunidades autónomas, entidades locales, universidades, organizaciones empresariales, fundaciones, organizaciones sindicales y asociaciones del ámbito LGTBI.

La creación y funcionamiento de este Consejo no supondrá incremento del gasto público y será atendido con las dotaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Igualdad, «y en ningún caso podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado». EFE

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