Madrid creará una tarjeta social de ayuda económica válida incluso en tiendas

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Centro de Madrid. Foto archivo

Madrid, 2 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid plantea crear una «tarjeta social municipal» a través de la cual canalizar el pago de ayudas económicas temporales para paliar la crisis producida por la COVID-19, una herramienta que podría utilizarse como medio de pago en tiendas de alimentación, incluido el pequeño comercio.

Es una de las 352 medidas acordadas por unanimidad, tras un mes de negociación, por la coalición de Gobierno de PP y Cs y los grupos de la oposición, los llamados ‘Pactos de la Villa’, que deberán votarse en un pleno extraordinario el próximo 7 de julio.

Un acuerdo para reactivar la ciudad tras la pandemia, con un horizonte de aplicación a corto y largo plazo, con medidas pactadas en todos los grupos de trabajo de las mesas de estrategia de ciudad; social; economía; empleo y turismo; y cultura y deporte.

La «Mesa Social» ha consensuado 169 medidas, 8 de las cuales se refieren a Servicios Sociales Básicos y Emergencia Social y Alimentaria.

Dentro de estas 8 medidas destaca la creación de la tarjeta social municipal, una herramienta para canalizar el pago de las ayudas económicas temporales de especial necesidad de alimentación destinada a paliar la crisis social por el COVID-19.

Esta tarjeta deberá constituir un medio de pago admisible en cualquier establecimiento de alimentación, incluido el pequeño comercio de la ciudad de Madrid, para la adquisición de productos de alimentación de higiene y primera necesidad.

Otra de las medidas acordadas es crear nuevos accesos a servicios sociales orientados a los «nuevos perfiles» de usuarios, ya que la crisis económica y social del post-confinamiento ha cambiado el tipo de personas que acuden a pedir ayuda a los servicios sociales y hay que acercarles estos servicios de forma «ágil y eficaz».

En consonancia con esta medida, se ha acordado también realizar una campaña institucional que dé a conocer estos servicios sociales, puesto que muchos de los nuevos usuarios que los necesitan no los conocen y deben saber cómo acceder a ellos.

En este apartado de servicios sociales se ha pactado reforzar el personal que se encarga de esta materia, y para ello en los próximos meses se realizará un análisis de la eficacia y eficiencia del despliegue de efectivos realizado en las últimas semanas en el marco del Plan de Empleo Temporal, con el fin de identificar las necesidades estructurales de personal en cada Distrito o de ver si es necesario incorporar nuevos perfiles profesionales a la plantilla municipal.

También se ha acordado diseñar e implantar sistemas de información para servicios sociales que permitan reducir la burocracia, conectarse con sistemas de información de otras administraciones públicas y una explotar los datos que proporcionen un conocimiento «fiel y actualizado» de las necesidades de los ciudadanos.

Más medidas pactadas son la elaboración de una nueva ordenanza de prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales para agilizar y simplificar la tramitación de los expedientes de ayudas económicas, o solicitar al Gobierno de la Nación un fondo para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Dentro del nuevo modelo de servicios sociales que se quiere impulsar destaca la ampliación de las formas de acceso de los usuarios a estos servicios -aprovechando la tecnología para agilizar la respuesta y calidad-; adecuar los perfiles profesionales de los empleados a las actividades que desarrollan -dando prioridad a las intervenciones sociales y automatizando las actividades burocráticas-; optimizar la eficiencia de las prestaciones -elaborando un catálogo con los recursos disponibles y con mecanismos de coordinación con otros agentes públicos y privados; o implantar un sistema de análisis de información que permita anticipar eventuales riesgos sociales y diseñar estrategias preventivas.

Además, el nuevo modelo de servicios sociales debe disponer de planes de contingencia que permitan afrontar de forma eficaz en el futuro situaciones excepcionales de emergencia social, y debe reforzarse la coordinación entre el Área de Familias, Igualdad y Bienestar y los Distritos para garantizar una gestión eficiente de los recursos y una armonización de los criterios de actuación.

Para hacer realidad todas estas medidas el Gobierno municipal podrá recabar el apoyo de las universidades madrileñas con el fin de recopilar experiencias de éxito y para diseñar y poner en marcha proyectos piloto. EFE

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