Ecologistas demandan al Gobierno ante el Supremo por incumplimiento climático

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Agencias.- Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, junto a Oxfam Intermón han interpuesto una demanda contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por «inacción e insuficiencia y timidez» en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos.

Las organizaciones han determinado como puntos claves para litigar contra el Ejecutivo el incumplimiento de los plazos de presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de las Estrategias a Largo Plazo ante la Comisión Europea, que expiraron el 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 respectivamente.

En un rueda de prensa telemática, los tres grupos han explicado que con este primer pleito climático contra el Estado, quieren demostrar que el Gobierno «vulnera» los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para no superar los 1,5 grados, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no debería ser inferior al 55 % en 2030 -respecto a 1990- y al cero neto en 2040.

Sin embargo, han lamentado que, en España, un país muy afectado por el cambio climático, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23 % de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.

«No bastan las palabras es el momento de actuar, la ley nos ampara y la política no nos puede fallar una vez más», ha incidido Mario Rodríguez director de Greenpeace.

En la misma línea se ha manifestado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción para quien en estos momentos en que la pandemia muestra la crudeza de una crisis global, no se puede ignorar el problema climático y ha observado que con esta demanda «nos jugamos mucho como sociedad».

Los grupos han advertido de que «llevamos años emitiendo GEI por encima de lo establecido», para recordar que, durante el reparto para cumplir con la reducción de emisiones recogidas en el Protocolo de Kioto, a España se le permitió un incremento del 15 % respecto a las de 1990, en lugar de reducirlas como a la mayoría de Estados de la Unión Europea.

A su juicio, lejos de respetar ese límite, España ha incrementado sus emisiones, y solo el impacto de la posterior crisis económica redujo las emisiones hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta hoy.

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