La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga el peso de la investigación a los fiscales en lugar de al juez

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El Ministerio de Justicia ha terminado de redactar el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que otorgará la instrucción de las causas penales a los fiscales, quienes también tendrán el control de la información que trasciende sobre los procesos en fase de investigación, para limitarla a «lo esencial desde el punto de vista del interés informativo».

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante el pleno del Congreso que el anteproyecto está concluido y que previsiblemente llegará al Consejo de Ministros el próximo martes.

La nueva LeCrim, como ya había adelantado el ministro, prevé otorgar la instrucción de las causas penales a los fiscales en tanto que los actuales jueces instructores pasarán a ser jueces de garantías, y dividiráel procedimiento penal en tres grandes etapas, la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral.

La primera fase, la de la investigación se desenvolverá bajo la dirección del Ministerio Fiscal y contará con la figura del juez de Garantías, que será el garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las partes y actuará en general «como tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones».

El borrador del Anteproyecto de Ley, señala que con la fase intermedia, que corresponde al juicio de acusación, las actuaciones ya adquieren una impronta plenamente jurisdiccional, y el juez de la Audiencia Preliminar será quien resuelva «sobre la suficiencia de la acusación y la depuración de la prueba ilícita».

En la tercera fase, la del juicio oral ante el plenario se practicarán «las verdaderas pruebas aptas para enervar la presunción de inocencia ante un tribunal imparcial que no ha participado en las anteriores fases».

Campo también ha avanzado este miércoles que la LeCrim garantizará el acceso de los medios a informaciones «con un claro interés social, pero también establecerá limitaciones», como las dirigidas a la protección de las víctimas menores de edad.

El ministro ha argumentado que «es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo», si bien al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que hay casos que por su «relevancia social» deben conectarse al derecho a la información. «Es el viejo dilema de la foto del detenido esposado cuyo caso luego queda en nada», ha ilustrado.

Así, la ley aspira a proteger la integridad, el honor y la intimidad de los investigados, testigos, peritos o demás personas que intervengan en el proceso, y prevé limitar la difusión de sus imágenes, cuando no revistan interés informativo o no se trate de un hecho socialmente relevante.

El borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso RTVE, precisa que será la Fiscalía quien controle la información que trasciende sobre los procesos penales en fase de investigación para limitarla a «lo esencial desde el punto de vista del interés informativo».

El texto señala que la LeCrim da «especial atención» a la publicidad de las actuaciones en la fase de investigación por considerar que «una transmisión indiscriminada de su contenido a la opinión pública supone un grave atentado para el derecho a la presunción de inocencia«.

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