Protestas frente al Congreso mientras se tramita la Ley Celaá

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Manifestantes ante las puertas del Congreso. Fuente Twitter

EFE.- El presidente del PP, Pablo Casado, ha firmado contra la reforma de la ley educativa o ley Celaá en una carpa instalada por su partido en la plaza de las Cortes para la recogida de firmas contra este proyecto, cuyo dictamen se vota este jueves en el Congreso.

Casado ha salido del Pleno una vez concluido el debate sobre el dictamen de este proyecto, que ha acabado con gritos de «libertad» por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, mientras la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudía a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma.

Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez y Joan Mena han mostrado su satisfacción y han valorado que se fije la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. Han considerado que «las tres derechas están muy cabreadas con esta ley» y por eso utilizan «bulos» sobre que desaparece el castellano.

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, ha insistido en sus críticas a la sustitución del castellano como lengua vehicular, al ataque que supone la ley a la educación concertada y especial, además de restar autoridad a los profesores, por lo que ambos han advertido que pondrán todos los instrumentos para revertirla.

Moneo ha calificado la norma de «profundamente ideologizada», que «diluye la responsabilidad individual» y «liquida la libertad de oportunidades», además de «desterrar» el derecho de los padres a elegir.

En su opinión, ignora varias sentencias del Tribunal Constitucional al respecto y «nos dirige a una España confederal», con unos profesores que pretenden que sean «comisarios políticos».

Joaquín Robles (Vox) ha insistido en que la ley supone el final de «ascensor social» a través de la educación; será «una fábrica de separatistas» y perseguirá «a los profesores que no controlen», además de «acallar a los padres».

Para el diputado de Vox, los defensores de la ley, «la izquierda caviar», «quieren activistas y no ciudadanos» porque son «contrarios a la excelencia y la inteligencia» y «han abandonado al pueblo español y se han puesto al lado de las oligarquías separatistas».

Marta Martín (Ciudadanos) ha definido la ley como «un barro» con una tramitación «inoportuna y de dudosa garantía democrática». Es un «pastiche», baja el nivel de los estudiantes, es ideologizante, ataca a la libertad de elección de las familias y supone un «mercadeo zafio» con los derechos lingüísticos por un puñado de votos». Irán al Constitucional y a la Comisión Europea.

Montserrat Bassa (ERC) ha afirmado que «la mejor garantía para la escuela catalana es la república catalana», pero ha valorado los avances pedagógicos de la nueva norma y ha defendido que el catalán es la lengua vehicular en la educación catalana.

Isabel Pozueta (EHBildu) opina que la Lomloe no es el instrumento que necesitan pues no quieren ser «meros gestores» y se queda corta a sus demandas. Está a favor de un modelo basado en la inmersión lingüística, pedagogías feministas, centros concertados que coeduquen y el carácter laico de la escuela.

Inés Sabanés (Más País Equo) ha criticado acabar hablando de la religión o la lengua y que todo acabe en el Constitucional cuando los problemas reales son la falta de recursos o el fracaso escolar.

Sergi Miquel (Junts per Catalunya) ha señalado que no se ha llegado a la ley que querían y ha defendido las escuelas concertadas porque «enriquecen y dan más libertad al sistema educativo». Ha asegurado que esta ley será «un fracaso de todos» al ser «muy de un bando».

Josune Gorospe (PNV) ha celebrado que vaya a acabar la Lomce, aunque ha dicho que la ley de educación vasca será la de ellos. No obstante, valora el refuerzo de las lenguas propias en la Lomloe o recuperar que la FP Básica lleve al título de la ESO. Ha defendido la coexistencia de la red pública y concertada.

Albert Botrán (CUP) ha opinado que la ley no es el cambio de modelo necesario para que los centros sean más democráticos, tampoco asegura la laicidad ni blinda la inmersión lingüística.

Ana Oramas (Coalición Canaria) ha dicho que esta ley es «ideología, temporalidad y confundir», por ejemplo, entre escuela privada y concertada.

Sergio Sayas (UPN) cree que «habrá familias que no podrán estudiar en español por culpa del PSOE», que paga «un peaje para mantenerse en banco azul».

Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha criticado la polarización o que las lenguas separen en vez de unir. «Estamos profundamente desalentados» aunque han valorado las propuestas sobre escuela rural.

José María Mazón (Partido Regionalista Cántabro) ha lamentado que el tema de la lengua sea un paso hacia la independencia o el «odio hacia lo español».

El debateha acabado en medio de gritos de «libertad» por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma.

Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.

Martínez Seijo ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de difundir mentiras sobre que la Lomloe va a acabar con la libertad de los padres para elegir centro educativo o que puedan pedir enseñanza en castellano.

Por el contrario, Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos) y Joaquín Robles (Vox) han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Europea porque la ley Celaá impide la elección de centro a las familias, por ejemplo, uno concertado y los de educación especial.

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