Orbán y Morawiecki reafirman en Budapest su veto a los presupuestos de la UE abras en el Diccionario

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Budapest (EuroEFE).- Los primeros ministros de Hungría, Viktor Orbán, y de Polonia, Mateusz Morawiecki, han reafirmado su veto a los presupuestos europeos y expresado su rechazo a que el respeto del Estado de derecho sea una condición para el desembolso de fondos comunitarios.

En una declaración ante la prensa el jueves, y en un comunicado conjunto, los dos mandatarios anunciaron que los dos países se defenderán mutuamente en las discusiones actuales en la Unión Europea.

Ambos países, bajo procedimientos de la UE por vulnerar el derecho comunitario, vienen asegurando desde hace semanas que el condicionamiento de los fondos solo serviría como un arma con la que la mayoría podría obligar a países miembros a aceptar medidas con las que no estén de acuerdo.

En su comunicado los dos mandatarios acusan a los demás líderes europeos de haber creado la actual crisis en el seno de la UE, que trata de encontrar un consenso sobre sus próximos presupuestos (2021 a 2027) y el desembolso de las ayudas comunitarias contra la crisis del coronavirus, en total unos 1,8 billones de euros.

La presidencia alemana de la UE y la Comisión Europea intentan encontrar una salida que todos los países puedan aceptar, para hacer posible el desembolso de las ayudas económicas, especialmente importantes para países como España, Italia o Francia.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a sugerir a Polonia y Hungría que lleven ante la Justicia europea sus dudas sobre el mecanismo para vincular los fondos europeos al cumplimiento del Estado de derecho y dejen mientras tanto de bloquear la tramitación del paquete de reconstrucción.

Si Polonia y Hungría mantienen su bloqueo al presupuesto comunitario y al fondo de recuperación sumirán a la UE en una crisis “insondable, mucho peor” que la del euro, el “brexit” o la de la inmigración, advirtió el secretario de Estado español para la Unión Europea, Juan González-Barba.

Si se bloquease el fondo de recuperación poscovid, dotado con hasta 750.000 millones de euros para solventar la crisis derivada de la pandemia, González-Barba advirtió de que “de un optimismo renovado, volveríamos a sumergirnos en una crisis insondable, mucho peor que la del euro, la migratoria o la del ‘brexit’”.

Según el secretario de Estado español, ambos países deben comprender que “no hay plan B”, porque “el único plan” es que la entrega de fondos comunitarios esté supeditada a que se respete el Estado de derecho.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha redoblado su pulso con la Unión Europea (UE), no solo al reafirmar sus demandas tras vetar el presupuesto comunitario, sino también desmarcándose de sus socios respecto a la adquisición de vacunas contra la covid.

Mientras los líderes de la UE buscan una salida al atolladero causado por el veto de Hungría y Polonia al presupuesto comunitario y el fondo de recuperación poscovid, Orbán repitió el viernes que condicionar los desembolsos al respeto al Estado de derecho es un chantaje a los países que rechazan la inmigración.

La posición del primer ministro húngaro es consecuente con su discurso sobre la UE, a la que ha comparado en el pasado con la Unión Soviética, que entre 1945 a 1989 estableció dictaduras comunistas en Europa Central y Oriental, entre otros sitios en Hungría.

“Las soluciones políticas deben tomarse en Budapest y no en Bruselas”, había manifestado anteriormente Orbán al rechazar que su país pueda someterse a controles externos.

Hungría es el país que más fondos per cápita recibe de la UE y en los pasados siete años se benefició de unos 30.000 millones de euros de Bruselas, lo que equivale a alrededor del 4 % del PIB anual del país.

PREOCUPACIÓN POR LAS REFORMAS JUDICIALES EN POLONIA

Según el primer informe sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea el pasado septiembre, desde 2015, las reformas judiciales en Polonia han sido “una fuente importante de controversia, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y han suscitado graves dudas, varias de las cuales persisten”.

Las reformas, que afectan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, han aumentado la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.

En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial y el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces.

Según el citado informe sobre el estado de Derecho en la UE, la independencia judicial en Hungría en los últimos años también ha sido fuente de “preocupación” para las instituciones europeas.

Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho.

La preocupación por la independencia judicial fue solo una de las razones esgrimidas entonces por la Eurocámara para pedir la puesta en marcha de sanciones.

A eso se sumaba, la negativa del Gobierno húngaro a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, y la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que ponía obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.

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