El caso máster llega a su fin: el juicio quedará visto para sentencia

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La ex presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Madrid, 5 feb (EFE).- El juicio por el caso Máster quedará visto para sentencia este viernes tras las lectura de los informes de las partes y la posibilidad de que las tres procesadas, entre ellas la expresidenta de la Comunidad Madrid Cristina Cifuentes, digan la última palabra.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra este viernes la quinta y última sesión del juicio, tras cuatro densas jornadas en las que han declarado -además de las procesadas- personal administrativo, profesores, alumnos, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el exconsejero de Educación Rafael Van Grieken, entre otros.

Con todos los testimonios y las periciales vistas, el tribunal, presidido por Luis Carlos Pellud, tendrá los elementos para dictar sentencia sobre el caso que supuso en 2018 el principio del fin de la entonces presidenta Cristina Cifuentes, que acabó dimitiendo 36 días después de que salieran a la luz las irregularidades del máster y tras un vídeo en el que supuestamente cometía un hurto.

La Fiscalía adelantó el último día que mantiene su petición de tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por instar a la falsificación del acta de su Trabajo Fin de Máster (TFM), así como para la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito.

Para la tercera procesada, Cecilia Rosado, también mantiene la petición de 21 meses de cárcel, pero solicita que se aplique la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia.

La acusación particular, ejercida por la URJC, también ha mantenido sus peticiones iniciales salvo para Rosado, a la que pide aplicar la misma atenuante muy cualificada. También se han adherido a esta petición la defensa de la propia Cecilia Rosado, que ha solicitado que su pena se quede en nueve meses de cárcel y dos de multa.

Tras los informes de las partes tendrán la posibilidad de hacer uso de la última palabra las tres imputadas, previsiblemente para incidir en los argumentos que han esgrimido ante el tribunal.

Cifuentes responsabilizó durante su declaración a la universidad de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster, del que precisó que no llegó a defenderlo, sino que solo dio “unas líneas generales” a unos profesores “en un acto informal”.

Así cambió la versión ofrecida durante la instrucción, asegurando que la defensa del TFM no era lo relevante, sino que ella cumplió las condiciones pactadas con el catedrático Enrique Álvarez Conde -director del Instituto de Derecho Público de la URJC- y le dijeron que había aprobado todo, pero luego supo que le habían dado documentos con firmas falsas.

La que sí ha reconocido que cometió irregularidades es la profesora Cecilia Rosado, que ha relatado a la Sala cómo consiguió que dos compañeras le dejaran falsificar sus firmas para estamparlas en una supuesta acta del TFM de Cifuentes, aunque asegurando que lo hizo por las presiones de Álvarez Conde y de Feito, tras lo que denunció los hechos para colaborar con la justicia.

Por su parte la profesora Teresa Feito negó esas presiones directas y relató que hizo llamadas y estuvo brevemente en la reunión en la que se preparaba la rueda de prensa de la universidad del 21 de marzo de 2018 -día que saltó el escándalo- por casualidad y curiosidad, creyendo el testimonio del catedrático Álvarez Conde de que había un acta de TFM y “todo estaba bien”.

Los peritos que han declarado en el juicio han ratificado irregularidades en las firmas de las actas de los alumnos del máster que cursó Cristina Cifuentes, y han confirmado que la funcionaria Amalia Calonge fue habilitada para modificar notas en octubre de 2014, cuando ya no tenía potestad para ello.

Amalia Calonge reconoció en su declaración que modificó las notas de la expresidenta -la de una asignatura en la que constaba como no presentada y la del TFM- porque se lo pidió el catedrático Pablo Chico de la Cámara, y tenía potestad para ello, mientras este profesor sostuvo que fue Calonge la que le advirtió de un posible fallo en su asignatura y ella acabó modificando dos calificaciones “de forma arbitraria”.

En las sesiones previas varios funcionarios, profesores y alumnos del Instituto de Derecho Público han explicado que, aunque en un primer momento no sospecharon de irregularidades, luego han ido viendo que sí las había.

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