El Consejo de Estado avisó de la falta de control del decreto de fondos europeos

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Consejo de Estado.

Agencias.- El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos que la oposición tachó de “demoledor” tiene como común denominador su preocupación por la “eliminación o modulación de mecanismos de control” en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.

El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, para lo cual fue imprescindible la abstención de Vox, pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.

El documento de 97 páginas, fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, y emitido el pasado 21 de diciembre, diez días antes de que el Gobierno aprobara dicho decreto en el Consejo de Ministros. 

El Consejo de Estado afirma en su informe que, aunque “formalmente” el decreto cumple las exigencias sobre el proyecto de gestión de los fondos europeos, “desde una perspectiva material y finalista es claro que la memoria remitida adolece de graves insuficiencias en su contenido”.

Sin embargo, destaca que “más allá de las concretas observaciones que puedan formularse, el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable” del Consejo.

El informe señala que el “denominador común” de sus observaciones radica en su “preocupación ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.

La UE tiene “un papel fundamental en la vigilancia”

Recuerda así que “la Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos”.

Entre otras cuestiones, el informe destaca “la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control”

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