Fiscal pide 6 años a acusado de contaminar con macrovertedero de Cañada Real

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Madrid, 5 abr (EFE).- La Fiscalía pide seis años de prisión para un acusado de delito contra el medio ambiente por gestionar un macrovertedero ilegal en la Cañada Real Galiana, en el que se produjo un incendio el 27 de junio de 2015 que tardó en sofocarse 17 días, durante los cuales provocó emisiones contaminantes.

El incendio, que se reprodujo el 21 de octubre de aquel mismo año, originó columnas de humo que se siguieron viendo incluso en enero de 2016 y que provocaron la emisión de gases contaminantes para la atmósfera y afectó a la calidad del aire de vecinos de zonas próximas especialmente de Rivas Vaciamadrid, lo que dio lugar a quejas por olores desagradables e irritaciones de ojos y garganta.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para este martes el inicio del juicio por esta causa, en la que también ejerce la acusación Ecologistas en Acción.

En sus conclusiones provisionales La Fiscalía explica que el acusado, J.J.E.C., alquiló una parcela en la Cañada Real Galiana, en la zona de Valdemingómez de Madrid, en la que entre 2012 y 2015 llevó a cabo una actividad de acopio, depósito temporal y gestión de residuos sin autorización alguna, lucrándose al cobrar 20 euros por cada camión que descargaba.

Algunos de estos residuos los incineraba y otros los trasladaba de forma incontrolada a otras seis parcelas del polígono del camino de la Leña, que ocupó sin autorización de sus propietarios.

El acusado realizaba los vertidos sin adoptar medidas preventivas como impermeabilización del fondo, recogida de lixiviados, cerramiento perimetral y clasificación de residuos en el macrovertedero, que llegó a alcanzar cinco hectáreas y en algunas zonas los seis metros de altura.

J.J.E.C. continuó con su actividad a pesar de haber sido denunciado en innumerables ocasiones por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid y de tener abiertos cuatro expedientes sancionadores por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad madrileña, que sumaban 314.000 euros de sanción.

El fiscal explica que esta situación de gestión incontrolada de residuos dio lugar a que en el macrovertedero se depositaran además de residuos de construcción y demolición otros combustibles como plásticos, fundas de cableado, neumáticos, telas asfálticas, envases de lubricantes, bombonas de butano y aislantes de tejados y de frigoríficos.

Todo ello con el consiguiente peligro para el medio ambiente ya que dichos materiales al arder son tóxicos.

Este peligro se materializó el 27 de junio de 2015 al originarse un incendio en el macrovertedero, que tardó en sofocarse 17 días, debiendo actuar 172 bomberos con 55 vehículos.

También fueron necesarias 24.000 toneladas de áridos que fueron transportados en 172 camiones para sellar la zona afectada.

Pero meses después se reactivó el incendio dado que los áridos empleados para sofocarlo cedieron y dieron lugar a la entrada de oxígeno en la zona de tal forma que el 21 de octubre de 2015 se observaron columnas de humo, que continuaron hasta el 5 de enero de 2016 desprendiendo un fuerte olor a plástico quemado.

Durante el incendio la emisión al aire de gases contaminantes para la atmósfera fue diaria y se llegó a superar el límite de permanencia en el vertedero para quince minutos, como umbral de perjuicio para la salud.

Este incendio no era el primero que se produjo en la zona pues los bomberos ya actuaron en este mismo lugar en varias ocasiones desde 2013.

La Fiscalía recuerda que el macrovertedero forma parte del parque regional del Sureste, situado en los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, y dentro de una zona especial de protección de aves, y calcula que el coste de la restauración del medio natural dañado supera los tres millones de euros.

Además de la pena de cárcel el fiscal pide que se le imponga una multa de 4.500 euros por un delito de usurpación.

También se sentará en el banquillo otro acusado por este último delito, para quien el fiscal pide la misma multa, por lucrarse con el vertido en el mismo lugar de residuos entre 2008 y 2012 sin autorización alguna.

El fiscal reclama que los acusados indemnicen conjuntamente a la Consejería de Medio Ambiente en más de tres millones de euros. EFE

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