CSIF defiende trabajadores de Correos pero pide investigar envíos con balas

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Madrid, 25 abr (EFE).- El sindicato CSIF ha defendido la profesionalidad de los trabajadores de Correos, pero reclama llegar hasta el final para verificar si ha habido un error que haya podido comprometer la seguridad de las tres personas que recibieron las cartas con balas y amenazas.

Correos ha abierto un expediente a la empresa de seguridad que el 19 de abril no detectó tres cartas con balas y cartas de amenazas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

CSIF indica que «nunca había pasado esto», justifica que todos los envíos están sometidos a unos controles exhaustivos y recuerda que Correos llega a diario a 25 millones de hogares y a tres millones de empresas e instituciones de España.

No obstante, añade que «el sindicato no concibe lo que ha pasado en esta ocasión y exige un examen del protocolo de Correos que permita llegar hasta el final y verificar si en esta ocasión hubo algún error que comprometiese la seguridad de la ciudadanía».

Según la copia de la carta enviada por Correos a la empresa INV Vigilancia, y remitida este domingo a Efe, la sociedad estatal le comunica la apertura de un expediente y «el apercibimiento más severo» y solicita la «retirada inmediata del servicio» de la persona que estaba a cargo del equipo radiológico por el que pasaron las misivas.

Por su parte, el sindicato profesional de seguridad privada Alternativa Sindical ha puesto en duda que fuera por un error del vigilante de seguridad el que hubieran llegado a sus destinatarios estas cartas.

En un comunicado, el sindicato «exige a Correos y a al Jefe de Seguridad que ha responsabilizado al vigilante, que investigue las causas que supuestamente han llevado a concluir que ha sido error del vigilante de seguridad y no del buen funcionamiento o calidad de sus propios sistemas de escáneres automatizados, antes de poner en duda el buen nombre de los profesionales de seguridad».

Por otra lado, UGT pide al Gobierno que reflexione sobre el modelo de contratación pública de la seguridad privada, «basado en el factor precio y no en la calidad de los servicios».

Para este sindicato lo ocurrido en Correos sobre la falta de detección de las amenazas destinadas hacia miembros del Gobierno y Guardia Civil merece un análisis «en mayor profundidad» por parte del Ejecutivo «que culpabilizar al vigilante que presuntamente no detectó los sobres en el escáner».

UGT ha solicitado de las partes que además de la investigación abierta sobre si la actuación del vigilante ha sido correcta o no, también Correos deberá revisar sus protocolos de actuación en materia de seguridad tanto en los pliegos de contratación, adjudicación de los servicios así como durante la ejecución del contrato.

«Intentar inculpar la actuación de un vigilante solo sirve para no abordar con rigor la búsqueda de soluciones reales a la problemática de la seguridad privada en nuestro país, que está siendo sometida constantemente por las administraciones públicas al factor precio eliminando el elemento primordial que no debe ser otro que garantías en la calidad de la prestación de los servicios», concluyen. EFE

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