Madrid recibirá 20 de los menores no acompañados que ya estaban en Ceuta

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Madrid, 20 may (EFE).- La Comunidad de Madrid recibirá a 20 de los 200 menores no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta y que el Gobierno repartirá por las autonomías, según Madrid actuando «por la vía de la imposición».

En una entrevista con Onda Madrid recogida por Efe, el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado que «el Ministerio (de Derechos Sociales y Agenda 2030) cuando genera un problema habitualmente te lo traslada, pero no te dice cómo se materializa».

El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ofrecer alrededor de 200 plazas de acogida para menores no acompañados ya atendidos por Ceuta para poder «atender adecuadamente» a los niños que han llegado desde el pasado lunes a la ciudad autónoma, sumida en una crisis migratoria sin precedentes.

«No se pueden hacer las cosas de esta manera (…) esto requiere haber hecho una estrategia, tener unos criterios mucho más claros», ha dicho Escudero, según quien el Gobierno ha decidido el reparto en base a la renta per cápita y la población de las comunidades autónomas.

Madrid, ha avanzado, pedirá al departamento dirigido por Ione Belarra «más explicaciones al respecto», en concreto sobre n

En este sentido, el consejero se ha quejado de que en 2020 Madrid «atendió a 826 menores extranjeros no acompañados» y recibió «cero euros» por parte del Gobierno.

Preguntado por la postura de en Andalucía de Vox, que ha amenazado con dejar de apoyar al Gobierno si acoge a los menores no acompañados que están llegando a Ceuta desde Marruecos, Escudero ha comentado que la formación «no se ha pronunciado al respecto» en Madrid, pero que «por una cuestión legislativa» la Comunidad «tiene que tener esa responsabilidad con esos menores».

El Defensor llama a reducir los usuarios del centro de menores de Hortaleza

El Defensor del Pueblo recomienda reducir el número de plazas en los centros de primera acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, que en algunos momentos desde 2019 han llegado a triplicar el número de usuarios recomendados, lo que impide “garantizar la atención individualizada”.

Además, insta a establecer un protocolo interno de investigación y esclarecimiento de las posibles agresiones que se produzcan en el centro, según un escrito al que ha tenido acceso Efe.

El Defensor del Pueblo reconoce el esfuerzo realizado desde la instituciones para crear nuevos recursos y plazas, pero considera que no se ha producido la limitación de plazas prevista en ambos centros para poder ofrecer la atención que exige el ordenamiento jurídico.

Estas recomendaciones responden al escrito que CSIF presentó en diciembre de 2019 para apuntar a una “sobreocupación” en el centro de primera acogida de Hortaleza como “origen de los conflictos” y agresiones registradas en esta sede, al contar con 90 usuarios para las 35 plazas inicialmente previstas, según los datos del sindicato.

Tras aquel escrito, la Comunidad de Madrid trasladó al Defensor algunos datos y justificaciones, como que el aumento de menores extranjeros en 2018 y 2019 supuso un “desbordamiento” de los recursos disponibles, aunque esa “saturación” se ha tratado de paliar desde entonces con la creación de un número “importante” de plazas, así como de nuevos recursos.

En concreto, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha confirmado la generación de 272 nuevas plazas de gestión indirecta, al margen de la formalización de las emergencias en tres nuevas entidades, y la ampliación de las ya existentes.

El Defensor del Pueblo reconoce esas mejorías pero no considera aceptada la recomendación formulada previamente, porque no se han limitado los usuarios de los centros de Hortaleza y en el Centro Isabel Clara Eugenia, y porque la Consejería tampoco ha explicado si se ha ampliado el personal y los espacios comunes o su organización.

Por otro lado, esta institución se refiere a los informes educativos solicitados a la Comunidad de Madrid, entre septiembre y diciembre de 2018, y se muestra “sorprendida” de que alegue que no puede facilitar datos sobre los mismos.

En este sentido, aseveran que “desde el centro se debe llevar un registro con la información de cada menor” y con las actuaciones específicas realizadas.

Por ello, el Defensor pide a la Consejería que “aclare las razones por las que no puede facilitar esos datos” y que informe de las medidas de protección que han sido adoptadas en 2018, 2019 y 2020 en el centro de Hortaleza.

Sobre la investigación de las agresiones, que según afirma la Consejería suelen ser “de los menores a los trabajadores, y no al revés”, el Defensor del Pueblo señala que la administración no le ha trasladado ningún protocolo que articule específicamente qué hacer cuando se produce una agresión en este centro.

Por ello, el Defensor considera “necesario” que se establezca “un protocolo interno de investigación y esclarecimiento de las agresiones denunciadas por los menores, las medidas a adoptar y la depuración, en su caso, de responsabilidades”. EFE


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