EFE.- El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
El anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del gobierno de coalición y las críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el «borrado de las mujeres».
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, la aprobación de este proyecto de ley es una muestra de la «fortaleza» del Ejecutivo de coalición.
Según Montero , además del colectivo trans y LGTBI, las protagonistas del impulso a esta ley son también las mujeres feministas.
Esta ley -ha dicho- muestra la fortaleza de un Gobierno «aliado de las personas trans y LGTBI» y que es capaz de trabajar y hacer políticas «que mejoran la vida de la gente y garantizan su felicidad».
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha afirmado que un Gobierno que se precie debe tener el objetivo de «llevar la felicidad a la sociedad a la que sirve».
Ha restado importancia a las discrepancias dentro del Gobierno y ha asegurado que Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por «mera voluntad o deseo», se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige «madurez y estabilidad» para el cambio de sexo.
La ley dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que a partir de los 14 años cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos.
De esta manera, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, y se acaban así los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
La ley establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo.
En este sentido, Campo ha apuntado que la reversión es posible, pero sólo una vez, tras un plazo de al menos seis meses y con una autorización judicial.
