EFE.- Concluye una semana clave para el futuro de la crisis institucional con Cataluña, marcada por los indultos a los nueve condenados del «procés», el alcance que pueda tener la mesa del diálogo de septiembre y el duro choque entre el Gobierno y la derecha, que ha hecho de todo este proceso su nueva arma electoral.
Ayer Pedro Sánchez explicaba a los suyos, ya sin apenas oposición en las filas socialistas, los beneficios que cree que tendrá esta medida de gracia para la normalización de Cataluña, «un primer paso valiente», dijo, que cree que ha empezado a cosechar algún fruto.
Y en las antípodas de ese discurso, Pablo Casado seguía insistiendo en echar por tierra la vía del diálogo y en acusar al presidente de haberse vendido a los independentistas y de no descartar el referéndum si le obligan.
Los indultos han sido la última munición que ha encontrado el PP, igual que Vox y Cs, para atacar al Gobierno e intentar debilitarle, y de hecho Casado pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, una estrategia que están desplegando en todo el territorio con la vista puesta en las próximas elecciones generales.
En lo que no entra Casado es en forzar una moción de censura para la que no tiene los apoyos suficientes, como le animan Santiago Abascal e Inés Arrimadas.
De esta semana tan corrosiva dialécticamente, quedan entre otras palabras las del presidente: «el PSOE nunca jamás lo aceptará (el referéndum de autodeterminación)» y las de Gabriel Rufián, de ERC: «Dénos tiempo», reforzando así la posición del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien en su reunión con Sánchez le reclamó en Moncloa esa consulta, la amnistía y el regreso de los que llama «exiliados».
Otro de los puntos de fricción se desplazó al Tribunal de Cuentas después de que la Abogacía del Estado se retirara del procedimiento contra los líderes independentistas, a los que ese tribunal reclama 5,4 millones de euros por la promoción del «procès» en el extranjero.