La nueva Ley de Memoria mantendrá fórmulas para disolver la Fundación Franco

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Carmen Calvo en el Congreso

EFE.- El proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Gobierno aprobará el martes para su remisión a las Cortes mantendrá los preceptos legales encaminados a atajar las expresiones públicas de exaltación del franquismo y disolver entidades que enaltezcan al dictador, como la Fundación Francisco Franco.

Lo hará sin embargo no con la misma fórmula que contemplaba el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros vio en primera lectura en septiembre de 2020, sino con otro planteamiento jurídico que recoge las sugerencias que hizo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe no vinculante aprobado el 7 de junio

El Gobierno ha encontrado una vía que permite conjugar sus pretensiones de atajar cualquier pronunciamiento a favor del franquismo bajo el supuesto de que la apología de este régimen supone «vilipendio» hacia las víctimas de la dictadura, según explicó esta semana la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

La principal promotora en el Ejecutivo de esta nueva normativa, que da un paso más allá a lo regulado por la Ley de Memoria Histórica de 2007, sostiene ahora que el informe del CGPJ es «bastante razonable» y asume así sus recomendaciones al proyecto que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros.

Se incide por tanto en la cobertura que permitiría disolver la Fundación Francisco Franco, en el punto de mira del Gobierno por entender que su exaltación del régimen del dictador no es compatible con el respeto que una democracia debe a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión del régimen franquista.

El futuro desarrollo normativo de esta ley permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por benedictinos, y la gestión de la basílica pasará a Patrimonio Nacional, con la idea primordial de abordar su «resignificación» definitiva como «lugar de memoria democrática».

Pero el aspecto que mayor repercusión puede tener en el ámbito de la memoria histórica y la reparación de las víctimas es el impulso a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, como la habilitación de un banco de ADN que facilite las identificaciones.

La creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas e investiga los crímenes del franquismo planteada en el anteproyecto se retoca a instancias del Consejo Fiscal, y la norma hace ahora referencia al fiscal de Sala encargado de estos asuntos.

También se prevén otros organismos de nuevo cuño para impulsar las políticas de memoria democrática, como el Consejo de la Memoria Democrática, se reconoce el movimiento memorialista y por vez primera se establece un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo de lugares de memoria democrática.

En esta línea, se avanza sobre lo previsto en la Ley de Memoria Histórica, que no preveía multas, y podrán ser castigadas conductas como la negativa a retirar símbolos franquistas de los edificios públicos.

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