Juana Rivas recurrirá su vuelta al centro de inserción y pide agilizar su expediente de indulto

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Juana Rivas.

EFE.- El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, recurrirá el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por el que esta vecina de Maracena (Granada) ha vuelto este martes al Centro de Inserción Social (CIS) para cumplir su pena a dos años y medio de cárcel y pedirá además que se agilice su expediente de indulto.

Juana Rivas fue condenada en firme por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por un delito de secuestro parental al permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos menores en el verano de 2017 y ya estuvo en junio cuatro días en el CIS.

Aránguez ha detallado que Rivas ha reingresado este martes en el CIS para cumplir con el auto que estima parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía contra el tercer grado, que quedará más restringido. 

Rivas ingresó en el CIS el 11 de junio cuando se le agotaba el plazo concedido por el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada para la ejecución de la sentencia, aunque lo abandonó el día 15 para cumplir la condena en su casa con control telemático.

Su letrado ha recalcado que el auto mantiene aunque restringe ese tercer grado, que limitará además sus salidas del CIS a dos fines de semana al mes. 

Aránguez ha adelantado además que, junto al recurso, presentarán una petición al Gobierno central para que agilice el expediente de petición de indulto a Juana Rivas, una medida de gracia que ya tramita el Ejecutivo.

La petición de indulto cuenta con el respaldo de más de 60 organizaciones públicas y privadas y el apoyo público de altos cargos de la administración “que coinciden en que se debe suavizar todavía más la condena impuesta”.

La decisión de Rivas de no entregar a sus hijos con el padre, el italiano Francesco Arcuri con quien compartía la custodia, supuso una primera condena a cinco años de cárcel que, tras su confirmación por parte de la Audiencia de Granada, el Supremo rebajó a los dos años y medio de prisión y la pérdida de la patria potestad.

Por su parte, el abogado de Francesco Arcuri considera que la resolución del juez de Vigilancia Penitenciaria está “ajustada a las normas”. 

El letrado, Enrique Zambrano, ha declarado a Efe que desde que el Tribunal Supremo la sentenció en firme a dos años y medio de cárcel siempre se han mostrado a favor de que la pena la cumpliera en un Centro de Inserción Social, en lugar de en una cárcel, y con un tercer grado, si bien no compartieron la “premura y ligereza” con la que, días después de su ingreso, se le permitió seguir cumpliendo condena en su casa bajo control telemático.

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