Policías se ratifican en que la patada en la puerta era legal ante delito

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Madrid, 17 sep (EFE).- Los policías que han declarado como querellados por entrar a la fuerza en un piso de Madrid en el que se celebraba una fiesta en plena pandemia han ratificado la legalidad de su intervención ante un delito, sin mostrar arrepentimiento en una actuación que el inquilino considera allanamiento de morada.

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha tomado declaración este viernes como querellados a seis policías nacionales que el 21 de marzo entraron con un ariete en un piso de la calle Lagasca de Madrid tras negarse a abrirles las personas que celebraban una fiesta en el interior, algo prohibido por las restricciones de la pandemia.

También ha escuchado el juez al inquilino querellante y a una testigo, que es la que en el vídeo que se hizo viral le decía a los agentes que no tenían derecho a entrar.

La actuación, conocida popularmente como “patada en la puerta”, abrió un debate en los medios sobre la legalidad de la intervención policial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió a los agentes porque se trataba de un piso turístico en el que los jóvenes no moraban, sino que celebraban una fiesta ilegal.

La Audiencia Provincial de Madrid estipuló en junio que el proceso iniciado contra los ocupantes del piso por desobediencia a los agentes se archivara y finalmente sean los agentes los querellados, como pidió el inquilino que vivía en el mismo desde meses antes, que siempre ha negado que se tratase de un apartamento turístico.

En su declaración ante el juez este viernes estos policías han ratificado su intervención ante un delito sin mostrar arrepentimiento, según ha explicado al término de la vista el letrado del inquilino, Juan Gonzalo Ospina, que no ha desvelado detalles de la declaración para respetar la petición del magistrado de guardar el secreto de las actuaciones.

Fuentes judiciales han precisado que los agentes han asegurado que había elementos que evidenciaban que se trataba de un piso turístico, como el estado del buzón y el testimonio de los vecinos, y que decidieron intervenir así porque a la desobediencia se sumaba el daño que causaban a los otros vecinos.

Además no se podía descartar que hubiera persona retenidas, por todo lo cual consideraron que esperar a que salieran por su propia voluntad era ineficaz, según la fuentes.

A la salida de los juzgados el letrado del inquilino querellante ha puesto de relieve que le llama “poderosamente la atención, como abogado penalista, el hecho de que sigan ratificando lo que consta en el atestado”, cuando “rectificar es de sabios”.

En su opinión no identificarse ante los agentes, como hicieron los integrantes de la fiesta ilegal, no es un delito, sino una infracción administrativa y por lo tanto los agentes cometieron delito de allanamiento de morada.

Pero aún considerando que no identificarse fuera un delito grave, los agentes tendrían que haber pedido autorización judicial porque según el estado de derecho español para acceder a una vivienda ante un presunto delito flagrante se tienen que dar los criterios de urgencia y necesidad que establece el Tribunal Constitucional, ha relatado.

El letrado considera que hubo una actuación “desproporcionada” de los agentes, aunque ha incidido en que será el juez el que decida, tras llevar a cabo un interrogatorio a los querellados “muy ajustado a derecho, muy amplio, muy educado y muy riguroso”.

Ha asegurado que “se va a tratar de una cuestión histórica porque se va a determinar si la actuación policial fue conforme a derecho, si se practicó bajo los criterios de flagrancia, urgencia y necesidad y por qué los policías entraron sin una orden judicial”.

Sobre su cliente ha detallado que llevaba varios meses, desde enero, viviendo de alquiler en ese piso, de forma que era su morada, no un piso turístico, y ha estado “muy preocupado y asustado por lo ocurrido”. “Reconoce una conducta reprobable pero nunca dio autorización para que entraran los policías”, ha detallado.

Juan Gonzalo Ospina ha incidido en que “en cualquier caso, aunque fuera un apartamento turístico, la morada es inviolable” en España y “que se cometa un presunto delito no autoriza a dar una patada en la puerta porque sino quedaríamos todos al arbitrio de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Este caso no es el único que investiga un juez por la supuesta entrada a la fuerza de policías en un domicilio que incumplía las normas impuestas con motivo de la pandemia: El juzgado de instrucción número 4 de Madrid investiga también la actuación de doce policías por supuestamente entrar en un piso sin orden judicial el 9 de diciembre de 2020. EFE

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