Delegación multa con 600 euros a los convocantes de marcha homófoba de Chueca

0
121
Mercedes González, Delegada del Gobierno

Madrid, 21 sep (EFE).- La Delegación del Gobierno en Madrid multará con la sanción máxima que permite la ley de 600 euros a los dos convocantes de la marcha homófoba del pasado sábado en el barrio de Chueca, contra los que también han presentado una querella varios colectivos y entidades defensoras de los derechos LGTBI, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

La manifestación fue comunicada, en tiempo y forma, por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema «Di no a las Agendas 2030-2050», pero en ella se gritaron consignas homófobas como «fuera sidosos de Madrid» o «fuera maricas de nuestros barrios».

Además de la sanción a cada uno de los organizadores, la Delegación del Gobierno también impondrá una sanción administrativa de 800 euros a seis de los participantes de la marcha por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban bengalas, palos y un puño americano, según ha explicado en rueda de prensa la delegada del Gobierno, Mercedes González.

El informe realizado por la Policía Nacional ya ha sido remitido por Delegación del Gobierno a la Fiscalía, que decidirá si se produjo un delito de odio.

La delegada ha defendido la actuación durante la marcha de la Policía Nacional y que no disolviera la protesta, que congregó a 200 personas, porque se podría haber producido «una batalla campal» por las cargas policiales y había niños y personas mayores.

«En este país se pueden manifestar personas que desde otros sectores consideramos que tienen opiniones que son muy reprobables», ha dicho.

Aunque sí ha reconocido que conocían la ideología ultraderechista de uno de los convocantes, la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, que en otras cuatro ocasiones ha organizado manifestaciones y en ninguna de ellas hubo incidentes, ha explicado González, que ha descartado dimitir como ha solicitado el PP.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, el popular Alfonso Serrano ha condenado esta manifestación y ha asegurado que la Delegación del Gobierno en Madrid tenía indicios de quién estaba detrás de esta y cuál era su objetivo.

A su juicio, la Delegación tenía «instrumentos» para haber parado y disuelto esta marcha, y si tenía «una intención clara» de evitarla «hubiera actuado», por lo que ha exigido su «inmediata» dimisión o que «la cesen» porque se ha «comportado como la delegada de (el presidente, Pedro) Sánchez contra Madrid».

En esta línea, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha considerado que la Delegación del Gobierno «no estuvo muy fina» a la hora de autorizar la marcha porque «tenían que haber prohibido esa manifestación de tarados y de locos».

«Esperamos que en próximas ocasiones sean capaces de evitar que se produzcan acontecimientos tan lamentables», ha declarado tras asistir al acto de colocación de la primera piedra del desarrollo de Valdecarros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), espera «que se mejore» el procedimiento a la hora de autorizar concentraciones para «evitar que se puedan volver a producir» manifestaciones «de odio» como esta.

«Si ahora aparecen indicios de que se podría haber investigado más y mejor (…) hay que llegar hasta el final», ha expresado.

Frente a esto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el Ejecutivo ha actuado con contundencia comunicándolo a la Fiscalía y que la presencia de la Policía posibilitó que no hubiera daños pese a la provocación.

«La Delegación del Gobierno actúa conforme a los protocolos», ha indicado Rodríguez, y ha recordado que «en este país el derecho a la manifestación está muy protegido, muy blindado y se siguen siempre los mismos cauces».

Varios colectivos y entidades defensoras de los derechos LGTBI y Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han presentado este martes en los Juzgados de Plaza de Castilla una querella por delito de odio contra los organizadores de la manifestación

En el escrito dirigido al juzgado, los querellantes (COGAM, CESIDA o Apoyo Positivo, entre otros) exponen que se vulneró el artículo 510 del Código Penal, referente a los delitos de odio, que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses. EFE

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here