Madrid permitirá iniciar obras en un mes con una nueva «licencia básica»

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Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 30 sep (EFE).- El Ayuntamiento de la capital ha aprobado este jueves el proyecto inicial de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Urbanísticas de Madrid, que entre otras novedades permitirá iniciar las construcciones en el plazo de un mes desde la solicitud con una nueva «licencia básica» que sólo controlará a priori «los aspectos edificatorios clave».

Según ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la norma busca «profundizar en la simplificación administrativa» y dar «un vuelco a la comunicación» entre los interesados y la administración local.

Una de las medidas más destacadas es la llamada «licencia básica», un procedimiento que permitirá arrancar obras de nueva planta en un mes «con la máxima seguridad jurídica», una vez el Ayuntamiento verifique los aspectos esenciales del proyecto y compruebe su compatibilidad con el uso permitido en la parcela.

Dejaría pendientes, por tanto, otros parámetros como los planes de accesibilidad, seguridad contra incendios o telecomunicaciones, que se revisarán con posterioridad.

Fuentes ha argumentado que, de este modo, se eliminará la «tasa invisible» que representan «los costes financieros que se tienen que asumir en las promociones de vivienda por los retrasos de la administración», y que según el Ayuntamiento incrementan en un 3 % el precio final de la vivienda.

ACTIVIDADES TEMPORALES Y OBRAS SIN LICENCIA

Otra novedad es la nueva «licencia temporal», que pretende aprovechar locales cerrados o que tienen un uso que no se corresponde con la posible utilidad que podría tener en la actualidad.

De este modo, se permitirán temporalmente «actividades específicas», sobre todo de tipo cultural o exposiciones, en locales que estén cerrados o «previstos para otras cosas».

Por otro lado, se ampliarán los supuestos en los cuales no hace falta licencia de obras: además de los acabados interiores en viviendas y zonas comunes residenciales, se eximirá esta obligación a los cambios de actividad económica dentro de un local que no impliquen una modificación de su uso urbanístico.

Así, un comercio podría cambiar de titular o de actividad sin pedir una nueva licencia, siempre que no modifique su uso urbanístico ni altere aspectos medioambientales, de seguridad o de protección contra incendios.

Quedarán regulados como únicos procedimientos de control urbanístico el de licencia y el de declaración responsable, eliminando el de comunicación previa, y en concreto se consolida y se potencia la declaración responsable, que se extiende también al uso residencial.

Para todo ello se generalizará la presentación por registro electrónico y la tramitación electrónica, así como la futura implantación de la metodología BIM para el desarrollo de determinados proyectos.

RÉGIMEN SANCIONADOR Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Para compensar la reducción de los controles a la edificación, la ordenanza reforzará el régimen sancionador contra quienes incumplen la normativa, haciendo hincapié en evitar las situaciones en las que se iniciaba un procedimiento y el afectado «al día siguiente presentaba una nueva declaración responsable», que «le permitía abrir» inmediatamente.

«Evitaremos que esto se pueda producir hasta que no se cumplan los requerimientos por los que se ha precintado la actividad», ha indicado el delegado.

Se potencia también la capacidad inspectora en materia de ejecución de obras, implantación y desarrollo de actividades; se establece un nuevo procedimiento para la revocación de licencias por incumplimiento de los requisitos en que fueron concedidas; y se introduce la mediación administrativa para facilitar la obtención de un acuerdo entre partes denunciadas.

Fuentes ha celebrado, asimismo, que se «ampliará el rango» de la colaboración público-privada, de modo que las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) del Ayuntamiento podrán ayudar a la tramitación de expedientes relativos a usos residenciales, y no sólo económicos, como era el caso hasta ahora.

El Ayuntamiento mejorará los mecanismos de supervisión sobre las ECU para garantizar la eficacia del sistema y estarán sometidas a un reglamento.

La ordenanza, que deroga dos normas anteriores y resume su cuerpo normativo en un 45 %, arranca ahora su tramitación, que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) espera culminar elevándola al pleno de febrero para su aprobación. EFE

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