Los delitos de resistencia a autoridad subieron un 181% en el año de pandemia

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Madrid, 27 oct (EFE).- El delito de desobediencia o resistencia grave a la autoridad y atentado a agente aumentó un 181 % en 2020 debido a conductas incívicas de incumplimento de las diferentes restricciones decretadas en pandemia, según indica la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid referida al año pasado.

La Memoria refleja el trabajo del Ministerio Público de Madrid durante el año 2020, marcado por la pandemia, que hizo bajar la litigiosidad ligeramente, según el resumen presentado este martes por la fiscal superior de la región, Almudena Lastra de Inés.

El trabajo destaca un incremento del 106,34 % en los delitos contra la administración pública (142 en 2019 y 293 en el año 2020), fundamentalmente porque el delito de resistencia o desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad pasa de 71 casos en 2019 a 200 en 2020, un 181 % más, debido en gran parte a las conductas incívicas de incumplimiento de las restricciones: limitación de movilidad, reuniones o uso de mascarilla.

Las restricciones por la pandemia conllevaron que los agentes de la autoridad reclamasen su cumplimiento y algunos ciudadanos se enfrentaron a ellos “de forma más o menos virulenta, desde el acometimiento leve hasta la reacción violenta”, subraya la Memoria.

Asimismo los delitos de prevaricación administrativa se incrementaron un 41,30 %, pasando de 46 incoaciones en el año 2019 a 65 en 2020, estando “gran parte de los asuntos íntimamente relacionados con las decisiones adoptadas por los responsables de la gestión de la crisis sanitaria, que determinadas personas o colectivos consideran arbitrarias”.

La Fiscalía dedica un capítulo específico a evaluar la incidencia de la pandemia de coronavirus en su ámbito y a hacer propuestas de futuro, en el que recuerda el gran impacto de lo ocurrido, especialmente en las residencias de mayores, que supusieron “la mayor de las preocupaciones” del Ministerio Público.

Fruto de “la dramática situación vivida en ellas” se presentaron multitud de denuncias por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro tanto ante los órganos judiciales como ante la Fiscalía, que incoó 62 diligencias de investigación relacionadas con la crisis sanitaria, una por cada residencia denunciada, a la que se acumularon todas las denuncias que los usuarios y familiares iban interponiendo contra la misma.

Doce de estas diligencias de investigación fueron inmediatamente judicializadas porque ya se dirimían en juzgados, de modo que la Fiscalía tramitó efectivamente 50 en las que se investigaron en total más de 130 fallecimientos. De esas 50 son 12 las que seguían en trámite a finales de 2020, en 36 se archivaron los expedientes por no apreciar delito y en las dos restantes se interpusieron denuncias.

La Fiscalía relata trece lecciones aprendidas durante la pandemia en este ámbito de las residencias para mejorar la prevención y coordinación.

Destaca la Memoria que en materia concursal se dio un crecimiento exponencial como consecuencia de la situación económica derivada de la paralización de la actividad económica y que ha afectado tanto a mercantiles como a personas físicas, de modo que el año 2020 se cerró con 2.142 procedimientos concursales, un 230 % más que en 2019. EFE

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