Cibeles se declara en guerra contra la Ley de Vivienda

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El Palacio de Cibeles de Madrid, sede del Ayuntamiento.

Madrid, 27 oct (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha declarado este martes su frontal oposición al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros, y ha acordado usar “todas las herramientas disponibles para no aplicar las medidas contra la propiedad privada” del Gobierno de Pedro Sánchez.

La sesión ordinaria de octubre ha servido como escenario para debatir el texto del Gobierno y las medidas que unos y otros partidos proponen para afrontar la escalada de precios de la vivienda.

De entrada el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha ratificado que no piensa hacer “nada” en la línea “de las políticas establecidas por el Gobierno nacional”, pues considera que son “profundamente equivocadas” y no solucionarán la problemática; en cambio, hará “todo lo posible” por bajar los precios del sector, pero con las medidas “más eficaces” de su partido.

En declaraciones a los medios durante el pleno, Almeida ha defendido que su Gobierno aumentará en esta legislatura “en un 40 %” el parque de vivienda social de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ha sacado a licitación la cesión de terrenos municipales para construir 2.500 pisos y ha adquirido, a través de la EMVS, 158 viviendas.

Luego, cuando la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, le ha preguntado en el hemiciclo cómo pretende regular el precio del alquiler, Almeida ha insistido en su apuesta por “generar oferta de suelo”.

Maestre, a su vez, ha acusado al regidor de “ponerse la medalla de las 4.000 viviendas que empezaron a construirse en la legislatura pasada”, con Manuela Carmena como alcaldesa, y de posicionarse como “portavoz de los grandes caseros” para aplicar “la receta de los que hacen dinero con esto”.

El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda prevé la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la limitación en ellas del precio de los alquileres a los grandes tenedores, así como una subida máxima del 10 % al resto de arrendadores.

Para sacar al mercado viviendas vacías, la ley da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicar un recargo de hasta el 150 % de la cuota líquida del IBI a las que estén desocupadas sin justificación durante más de dos años, una medida que Madrid no aplicará, según ha confirmado el Ayuntamiento.

CRÍTICA DE LA DERECHA

Pese a que el Consistorio ya había expresado su rechazo a este recargo, Vox ha registrado una iniciativa en la que llamaba a rubricar el compromiso de no aplicar las medidas estatales, que ha salido adelante con el respaldo del PP y Cs.

“Es el mayor ejercicio de trilerismo ‘sanchista’ que hemos visto en mucho tiempo”, ha opinado el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes (Cs), quien ha descrito el anteproyecto de ley como una “maldad populista” que aboga por el colectivismo “al más puro estilo del manifiesto comunista”, y derivará en “una república bananera donde la seguridad jurídica no existe”.

El delegado de Vivienda, Álvaro González (PP), ha coincidido en censurar el “ataque a la libertad privada” que observa en el texto, mientras que el edil de Vox Pedro Fernández ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de promover medidas “al mejor estilo chavista”.

En cambio, el concejal de Más Madrid Paco Pérez considera que la ley es “bastante tímida”, puesto que, por ejemplo, el recargo del IBI afectará a 16.500 viviendas en manos de 2.700 propietarios, y ha recordado que siete países de la Unión Europea ya graban las viviendas vacías.

Y el concejal del grupo mixto José Manuel Calvo ha reprochado a la derecha que defienda a los “grandes tenedores” y olvide que la propia Constitución subordina al interés general “toda la riqueza del país”.

Al recargo del IBI se ha referido más tarde la socialista Enma López, quien ha acusado al Ayuntamiento de declararse “en rebeldía” ante una medida “correcta”.

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA

Por otro lado, Álvaro González ha aprovechado el debate de otra iniciativa, del grupo mixto en este caso, para avanzar que elevará al pleno de noviembre la propuesta de creación del Observatorio de la Vivienda, una medida comprometida en los Acuerdos de la Villa y que en octubre de 2020 Cibeles ya acordó impulsar.

Ante la exigencia del grupo mixto de que se ejecutara el contenido de los Acuerdos de la Villa en materia de Vivienda, González ha asegurado que el 60 % de las medidas “están cumplidas”, y el resto “se están desarrollando o se van a cumplir próximamente”.

Los grupos municipales acordaron la creación de este Observatorio “con el objetivo de obtener un mejor conocimiento de la realidad del mercado inmobiliario, su demanda, su oferta y localización objetiva y subjetiva”. EFE

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